Icono del sitio Comercio & Negocios

Aprueban nueva ley especial contra el lavado de activos

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa aprobó una nueva Ley especial contra el lavado de activos que permite que los sujetos obligados puedan aplicar medidas “simplificadas, estándar o intensificadas” para la identificación de los clientes y el origen de sus fondos.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que la nueva normativa está consultada con todos los sectores. Tanto el ministro como el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, argumentaron que la nueva ley respetará la inclusión financiera.

El nombre de la normativa cambiará de Ley contra el lavado de dinero y de activos, que será derogada, a “Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva”. El decreto será aprobado en la sesión plenaria del próximo año.

El ministro de Justicia y Seguridad aseguró que antes no había inclusión financiera en el país. “Si hubiera habido inclusión financiera, ¿qué necesidad hubieran tenido de crear un decreto para beneficiar a los hermanos salvadoreños que están en el exterior?, ¿y por qué lo hicieron?, porque en este país no había inclusión financiera, lo que había era exclusión financiera”, criticó. Aseguró que El Salvador puede estar “en estándares internacionales” con inclusión financiera, la cual, dijo, debería ser un derecho fundamental.

El fiscal también argumentó que fortalecerán la inclusión financiera aplicando “la debida diligencia” simplificadas “a personas de baja tributación”.

Los funcionarios argumentaron que ley obligaba a toda persona natural o jurídica a tener oficiales de cumplimiento. “Toda esta carga administrativa que hoy por hoy están sufriendo las diferentes sociedades mercantiles, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro al final de cuentas se ha convertirlo en un lastre para el desarrollo de la economía salvadoreña”, dijo el fiscal general.

Los diputados aprobaron el dictamen junto a reformas a la Ley especial contra actos de terrorismo y al Código Procesal Penal sobre extradición.

La nueva ley de lavado incluye algunas modificaciones importantes. Por un lado, se eliminan ciertos sujetos obligados a reportar transacciones, como importadores o exportadores agropecuarios, inversionistas e instituciones privadas, sociedades mercantiles y de economía mixta. Por otro lado, se agregan como sujetos obligados los proveedores de servicios de activos virtuales y digitales y las personas dedicadas a la logística y transporte de mercaderías.

Asimismo, se incluye la Comisión Nacional de Activos Digitales entre los organismos de supervisión, fiscalización y vigilancia de sujetos obligados. Esta comisión supervisará a los sujetos obligados mencionados en el artículo 6, numeral 12, en actividades descritas en la Ley de emisión de activos digitales.

La ley también establece medidas de debida diligencia simplificadas, estándar o intensificadas para la identificación del cliente y el origen de los fondos. Estas medidas se aplicarán a clientes con riesgo bajo, incluyendo personas exentas de Impuesto sobre la Renta, aunque se verificará su identidad.

La normativa también amplía el grupo de personas expuestas políticamente, incluyendo a representantes diplomáticos, directores de sociedades con activos estatales, miembros del organismo de dirección de partidos políticos y funcionarios extranjeros o personas con funciones prominentes en organizaciones internacionales.

Por último, la ley establece sanciones para los sujetos obligados que no cumplan con las medidas de debida diligencia, no reporten operaciones sospechosas o no congelen fondos a grupos designados. Las sanciones pueden ser hasta un 2% del patrimonio por infracciones muy graves, hasta 200 salarios mínimos mensuales a otras jefaturas o empleados, y hasta un 1% por infracciones graves.

Con esta nueva ley, se busca fortalecer la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, y al mismo tiempo promover la inclusión financiera en el país.

Compartir artículo:
Salir de la versión móvil