Con el propósito de dinamizar la economía y fortalecer la permanencia del capital productivo en el país, la Asamblea Legislativa avaló con 57 votos la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones, un nuevo marco jurídico que busca estimular la ampliación de operaciones de empresas ya establecidas en El Salvador mediante incentivos fiscales diferenciados.
La normativa está dirigida a personas naturales o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, que acrediten al menos 10 años de operación continua en el país y que decidan reinvertir para ampliar su capacidad productiva. Los sectores priorizados incluyen textil y confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, plásticos, calzado, farmacéutica, materiales para la construcción, papel y derivados, considerados estratégicos por su impacto en empleo, exportaciones y encadenamientos productivos.
Incentivos tributarios escalonados
El cuerpo legal establece créditos fiscales que van del 10 % al 30 %, en función del monto de la inversión de expansión y del cumplimiento de los criterios técnicos definidos. Para inversiones entre $1 millón y $10 millones se contempla un crédito del 10 %; aquellas que oscilen entre $10 millones y $20 millones podrán optar a un 20 %; mientras que los proyectos que superen los $20 millones accederán a un incentivo del 30 %.
Adicionalmente, las empresas beneficiarias quedarán exentas del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces en la adquisición de inmuebles destinados a la expansión, siempre que estos se mantengan en uso productivo por un período mínimo de cinco años.
Qué se considera inversión de expansión
La ley define como actividades elegibles la apertura de nuevas líneas de producción, la construcción o compra de infraestructura industrial y logística, la adquisición de maquinaria y tecnología, la creación de centros de investigación y desarrollo, así como el incremento de la capacidad productiva instalada. El marco legal excluye expresamente proyectos que impliquen únicamente la sustitución de activos o la reducción de operaciones existentes.
Requisitos y control institucional
Para acceder a los beneficios, los inversionistas deberán presentar un perfil de expansión, estar al día en sus obligaciones tributarias y aduaneras y obtener el Acuerdo de Calificación emitido por el Ministerio de Economía. La supervisión y fiscalización recaerá en dicha cartera de Estado, a través de la Dirección de Inversiones, y en el Ministerio de Hacienda, por medio de la Dirección General de Impuestos Internos, con el fin de verificar el uso correcto de los incentivos y el cumplimiento de las normas técnicas, ambientales, laborales y fiscales.
Con esta legislación, el país apuesta por retener y profundizar la inversión existente, fomentar la reinversión empresarial y generar un mayor impacto en crecimiento económico, empleo formal y competitividad productiva en el mediano y largo plazo.