Con el objetivo de fortalecer el desarrollo energético del país y fomentar proyectos de energía renovable, entró en vigor la nueva Ley de Energía Geotérmica, un marco normativo que regula la prospección, exploración y explotación de los recursos geotérmicos en el territorio nacional.
La normativa promueve el uso sostenible de esta fuente tanto para la generación eléctrica como para aplicaciones directas, y coloca a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) como la entidad responsable de supervisar, fiscalizar y otorgar los permisos correspondientes. Además, la institución podrá diseñar políticas públicas, emitir regulaciones técnicas y administrar concesiones.

Etapas de desarrollo
El proceso para proyectos geotérmicos se divide en tres fases:
- Prospección: requiere un permiso por escrito ante la DGEHM, acompañado de documentación legal, descripción del área y plan de actividades. La resolución deberá emitirse en un plazo máximo de 10 días hábiles.
- Exploración: exige información técnica, financiera y ambiental, además de un programa de perforación. Su autorización podrá resolverse en hasta 45 días hábiles.
- Explotación: otorga al titular un derecho exclusivo sobre los recursos geotérmicos del subsuelo. En el caso de inversionistas extranjeros, deberán constituirse legalmente en El Salvador y cumplir requisitos adicionales como permisos ambientales, cronogramas de inversión y seguros operativos.
Incentivos fiscales
Para atraer nuevas inversiones en generación geotérmica, la ley incluye beneficios como:
- Exoneración de aranceles durante 10 años en la importación de maquinaria y materiales destinados a centrales geotérmicas.
- Exención del Impuesto sobre la Renta por una década sobre ingresos derivados de la generación y de la venta de certificados de reducción de emisiones (CER).
- Deducciones fiscales por gastos de reinyección geotérmica y preinversión en infraestructura eléctrica.
Estos incentivos aplicarán únicamente a proyectos que incrementen la capacidad de generación y no podrán acumularse con otros regímenes fiscales.
Régimen sancionatorio
La normativa contempla sanciones para quienes incumplan sus disposiciones. Las infracciones graves incluyen operar sin registro o incumplir con la entrega de informes, mientras que las muy graves abarcan la explotación sin concesión o la alteración de instalaciones sin permiso. Las multas oscilarán entre 5,000 y 10,000 salarios mínimos del sector industria, según la gravedad de la falta.
Con esta ley, El Salvador busca consolidar un marco atractivo para la inversión privada y fortalecer su transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible.