La nueva normativa de factura electrónica, vigente desde mayo de este año, marca una nueva etapa en la modernización del sistema tributario salvadoreño. La actualización fortalece los controles sobre los documentos electrónicos y brinda a las empresas más opciones tecnológicas para gestionar sus procesos de facturación.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la normativa establece las condiciones para la correcta generación, firma, transmisión, recepción y entrega de los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE). El objetivo es garantizar una mayor seguridad en las operaciones y mejorar la calidad de la información que reciben las autoridades fiscales.
Uno de los cambios más relevantes es que los contribuyentes ahora pueden migrar de la plataforma gratuita de Hacienda a sistemas privados de facturación electrónica. Esta alternativa resulta especialmente atractiva para empresas con un mayor volumen de operaciones o necesidades más complejas de gestión documental.
Kristopher Menéndez, senior manager de Impuestos de la consultora EY, explicó que la plataforma gratuita permite emitir hasta 500 documentos mensuales. Además, no incluye la emisión de Documentos Contables de Liquidación ni Comprobantes de Donación. Por esta razón, las empresas que superan ese límite o requieren esos documentos deben considerar una solución privada.
Las plataformas privadas ofrecen ventajas operativas importantes. Entre ellas destacan la emisión masiva de facturas, la automatización de procesos y la posibilidad de utilizar información precargada de clientes. Estas herramientas ayudan a reducir tiempos de gestión y aumentan la eficiencia administrativa.
La normativa 2.0 también refuerza requisitos clave dentro de cada DTE. La firma electrónica y el sello de recepción deben aparecer correctamente identificados en el documento. Si estos elementos están ausentes o presentan errores, Hacienda podría no reconocer la validez del comprobante.
La factura electrónica comenzó a implementarse en El Salvador en 2022. El proceso inició con los grandes contribuyentes y posteriormente se extendió de forma gradual a otros sectores económicos mediante notificaciones individuales.
Aunque la adopción del sistema ha avanzado en los últimos cuatro años, todavía existen empresas que no emiten documentos tributarios electrónicos. Sin embargo, la actualización normativa refleja el interés de las autoridades por consolidar la digitalización fiscal y ampliar el uso de herramientas tecnológicas en el sector productivo.
Expertos consideran que estos cambios impulsarán una mayor profesionalización de los procesos contables y tributarios. Además, podrían acelerar la inversión en soluciones digitales, un factor cada vez más importante para mejorar la competitividad y la eficiencia de las empresas en El Salvador.