El Salvador deberá avanzar en una nueva reforma de pensiones como parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El acuerdo busca fortalecer la sostenibilidad del sistema previsional y reducir la presión que estas obligaciones generan sobre las finanzas públicas.
El Gobierno salvadoreño asumió cuatro compromisos en materia de pensiones dentro del programa de ajuste acordado con el FMI. El organismo aprobó el programa en febrero de 2025, después de que ambas partes alcanzaran el acuerdo a finales de 2024.
Entre los compromisos figura una evaluación actuarial independiente. También se estableció el diseño de una nueva reforma de pensiones, una mayor transparencia sobre la deuda previsional y una reducción de la dependencia del Estado de los fondos de pensiones.
Evaluación actuarial revela presión fiscal
Uno de los primeros pasos fue realizar una evaluación actuarial independiente. El estudio debía servir para conocer el costo futuro del sistema y medir su sostenibilidad financiera.
El análisis estaba previsto para septiembre de 2025. Sin embargo, sus resultados fueron publicados en diciembre de ese año.
La evaluación determinó que el déficit del sistema de pensiones, que incluye los regímenes público y privado, representa un valor presente neto equivalente al 59 % del Producto Interno Bruto (PIB).
El cálculo considera los ingresos por cotizaciones y los gastos en pensiones durante el período comprendido entre 2024 y 2070.
El estudio también identificó un riesgo para la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS). Este mecanismo financia las pensiones mínimas y, según las proyecciones, sus recursos podrían agotarse en 2029.
La evaluación advierte que será necesario realizar cambios en el sistema o buscar nuevas fuentes de financiamiento para atender las obligaciones futuras.
Reforma de pensiones será discutida en 2027
El segundo compromiso consiste en diseñar una nueva reforma de pensiones. El objetivo es fortalecer la sostenibilidad del sistema, reducir los pasivos y generar ahorros fiscales.
El calendario inicial establecía que la reforma debía estar lista en febrero de 2026. Sin embargo, el FMI informó esta semana que el proceso está previsto para 2027.
La reforma tendrá cambios de tipo paramétrico. Estos pueden incluir modificaciones en la edad de jubilación, la fórmula para calcular las pensiones o el porcentaje de aportes de trabajadores y empleadores.
El FMI señaló que estos cambios deberán estar alineados con sus recomendaciones para fortalecer las finanzas públicas.
Gobierno deberá transparentar deuda previsional
El tercer compromiso está relacionado con la transparencia fiscal. El Gobierno acordó que las estadísticas del Sector Público No Financiero (SPNF) deben mostrar de forma clara el costo de las pensiones y la deuda previsional.
La información también debe incluir las obligaciones vinculadas al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
En este marco, el Banco Central de Reserva (BCR) incorporó información sobre los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) dentro de sus estadísticas de deuda pública.
El objetivo es facilitar la identificación del peso que tienen las obligaciones previsionales dentro de las finanzas del Estado.
Menor dependencia de los fondos de pensiones
El cuarto compromiso busca reducir la dependencia del Gobierno del financiamiento proveniente de los fondos de pensiones.
Esta medida estará vinculada con la aprobación de la nueva reforma previsional. El objetivo es disminuir los riesgos fiscales asociados al sistema y mejorar la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El desafío financiero será significativo durante los próximos años. Las calificadoras S&P Global y Moody’s Ratings han señalado que el Gobierno deberá pagar alrededor de $2,400 millones a partir de abril de 2027.
Estos pagos están relacionados con la reestructuración de la deuda previsional realizada en 2023.
A julio de 2026, la deuda de pensiones alcanzaba $11,714.3 millones, según datos del Banco Central de Reserva.
La reforma de pensiones será, por tanto, una de las principales decisiones económicas de los próximos años. Su alcance tendrá efectos no solo sobre trabajadores y jubilados, sino también sobre la deuda pública y la sostenibilidad fiscal de El Salvador.