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Sistema de pensiones acumula una deuda estatal superior a los $11,163 millones

El endeudamiento del Estado con los fondos de pensiones administrados por las AFP continúa en ascenso y se consolida como uno de los principales compromisos fiscales de largo plazo. A noviembre de 2025, la deuda acumulada alcanzó los $11,163.45 millones, de acuerdo con estadísticas oficiales del Banco Central de Reserva (BCR), reflejando la presión que el sistema previsional sigue ejerciendo sobre las finanzas públicas.

Del total adeudado, el 24.8 % corresponde a la nueva deuda previsional generada a partir de la reforma al sistema de pensiones que entró en vigor en 2023. Estos compromisos son gestionados por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) mediante la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), instrumentos que sustituyeron a los antiguos Certificados de Inversión Previsionales (CIP) y que permiten al Estado utilizar recursos del ahorro de los cotizantes para cubrir el pago de pensiones del Sistema Público de Pensiones (SPP), históricamente desfinanciado.

Menor colocación de COP en los últimos años

Las cifras del BCR muestran un descenso sostenido en la emisión de COP desde la implementación de la reforma. Entre enero y noviembre de 2023, primer año de aplicación del nuevo esquema, las emisiones alcanzaron $1,009.74 millones. En el mismo periodo de 2024, el monto se redujo a $914.41 millones, mientras que en 2025 las colocaciones sumaron $639.03 millones.

Este comportamiento implica que, en términos acumulados, las emisiones de COP en 2025 son 30.5 % menores en comparación con las registradas en 2023, lo que sugiere un menor ritmo de endeudamiento previsional bajo este mecanismo, aunque sin revertir el crecimiento total de la deuda con los fondos de pensiones.

En un contexto de ajustes fiscales y búsqueda de sostenibilidad financiera, la evolución de la deuda previsional y el uso de los COP seguirá siendo un indicador clave para evaluar la capacidad del Estado de cumplir sus obligaciones sin comprometer el ahorro de los trabajadores ni agravar los desequilibrios estructurales del sistema de pensiones.

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