Los abogados del empresario Suizo-Salvadoreño, Enrique Rais, presentaron este día una petición para que la Fiscalía General de la República (FGR), proceda a presentar las acusaciones y gire orden de detención en contra el Exfiscal General, Douglas Meléndez, por la comisión de los delitos de Fraude Procesal, Actos Arbitrarios, Uso de Información Proveniente de Intervención Ilícita e Incumplimiento de Deberes, que han provocado una persecución ilegal y la detención arbitraria contra el mencionado empresario, lo cual fue certificado por una resolución de Naciones Unidas, que a su vez requería al Estado Salvadoreño realizar una investigación penal exhaustiva contra los responsables de violentar derechos fundamentales del Sr. Rais.
De acuerdo al abogado Carlos Miranda Rubio, desde el mes de junio de 2019, que se presentó la denuncia penal contra el Exfiscal Douglas Meléndez, su sucesor en el cargo, el abogado Raúl Ernesto Melara, evidenció una total omisión en sus funciones, al punto que las investigaciones en contra del primero no avanzaron, pese a que manifiesta que en tutela de los intereses de su cliente, documentaron ampliamente todas las conductas ilegales cometidas de forma directa por Exfiscal Meléndez y otras en las que dio instrucciones para actuar al margen de la ley, incluyendo la inclusión de pruebas ilegales y pruebas adulteradas con el único objetivo de perjudicar a Enrique Rais.
El rastro de “ilegalidades” durante el periodo Fiscal de Meléndez.
Para los abogados de Rais, es lamentable la omisión de investigación en que incurrió Raúl Melara, quien a pesar de los múltiples señalamientos y denuncias que fueron formulados sobre el proceder ilegal del Exfiscal General, Douglas Meléndez, que incluyó coacciones y actos de tortura contra agentes fiscales y los propios empleados de la FGR, alteración de prueba y uso de escuchas ilegales, montaje de procesos para los que se auxilió de periodistas y medios de prensa que se ocupaban previamente de fabricar las historias para “criminalizar” a personas y vincularlos con crimen organizado o actos de corrupción, basados en meros supuestos.
Manifiesta que uno de los casos más visibles en los que se ha comprobado el abuso de poder y las conductas delictivas por parte de Meléndez, es el de su cliente, quien desde el primer día en que fue detenido arbitrariamente, no ha escatimado esfuerzos legales a nivel nacional e internacional, los que han rendido frutos, a partir de las resoluciones pronunciadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la cual es de obligatorio cumplimiento por nuestro país y del sobreseimiento pronunciadas por Suiza, ante las acusaciones por los mismo hechos por los que está siendo juzgado en El Salvador y que fueron desestimadas con la contudencia de la prueba. De hecho, la Fiscalía Suiza reitera que los señalamientos del Exfiscal Douglas Meléndez no gozan de credibilidad y que si lo tiene la decisión del referido Grupo de Trabajo.
Para Miranda Rubio, las recientes declaraciones del Expresidente Elías Antonio Saca en las que evidencia cómo el Exfiscal General Meléndez con apoyo del Exjefe de la Unidad Antilavado, Jorge Orlando Cortez y el exfiscal Mario Huezo, presionaron al acusado para no brindar información respecto a los beneficiarios de sobresueldos y pagos realizados con fondos públicos a periodistas y otros personeros; demuestran el doble discurso del Exfiscal, quien por una parte manejaba ante la opinión pública un mensaje de combate a la corrupción, pero en la realidad aplicaba “justicia selectiva”, decidiendo a quienes perseguir y dejando a otros en impunidad.
Finalmente, los abogados de Rais informaron que en los próximos días se hará pública toda la información de la manera en que el Exfiscal General, por medio de nepotismo, creó al interior de la institución una cadena de operadores criminales, integrada por sus familiares y personas cercanas a su entorno para “vender justicia”. Esa fue la manera en la que se intentó beneficiar a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, ambos prófugos de la justicia y declarados rebeldes por los delitos de Extorsión y Apropiación o Retención Indebida, mediante la creación de un caso penal, sobre hechos que a lo sumo tenían naturaleza mercantil y por los que pretendían que Enrique Rais, les cancelara indebidamente una suma de VEINTICINCO MILLONES DE DÓLARES.
