A partir del 1 de enero de 2026, las remesas enviadas desde Estados Unidos por migrantes salvadoreños estarán sujetas a un impuesto del 1 %, una medida que introduce un nuevo costo a uno de los principales flujos financieros que sostienen el consumo y la estabilidad macroeconómica de El Salvador.
El gravamen está contemplado en la ley denominada One Big Beautiful Bill Act, impulsada por el gobierno del expresidente Donald Trump y aprobada en julio de 2024 como parte de un amplio paquete fiscal. La normativa prioriza el fortalecimiento del gasto en defensa y seguridad fronteriza, al tiempo que reduce el financiamiento de programas sociales, varios de ellos utilizados por comunidades migrantes.
Aunque la propuesta inicial planteaba una tasa del 5 % sobre las remesas, el Congreso estadounidense finalmente estableció un impuesto del 1 %, que se aplicará a todas las transferencias realizadas después del 31 de diciembre de 2025. El cobro se efectuará directamente en las casas remesadoras al momento de enviar el dinero.
De acuerdo con el texto legal, el impuesto se aplicará a remesas enviadas mediante efectivo, giros postales, cheques de caja u otros instrumentos físicos. En contraste, quedarán exentas las transferencias originadas desde cuentas bancarias domiciliadas en instituciones financieras de Estados Unidos, así como aquellas financiadas con tarjetas de débito o crédito emitidas en ese país.
La normativa también asigna a las empresas remesadoras la responsabilidad de recaudar el impuesto y transferirlo trimestralmente al gobierno estadounidense. En los casos en que el tributo no sea cobrado al remitente, la obligación de pago recaerá directamente en el proveedor del servicio de transferencia.
Impacto potencial en El Salvador
Las remesas representan uno de los pilares de la economía salvadoreña. Entre enero y octubre, los hogares del país recibieron $9,021.7 millones, lo que significó un aumento interanual de $1,374.7 millones, equivalente a un crecimiento del 18 %, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).
Estados Unidos continúa siendo el principal origen de estos flujos, con el 92.4 % del total recibido, es decir, unos $8,340 millones, cifra que reflejó un incremento del 19 %. Especialistas atribuyen este crecimiento, en parte, al envío preventivo de recursos ante el temor de deportaciones masivas anunciadas durante la campaña de Trump.
Si el impuesto del 1 % se aplicara sobre ese volumen de remesas procedentes de EE. UU., el costo anual podría rondar los $83.4 millones. Analistas señalan que este monto podría ser absorbido por los migrantes al momento de enviar el dinero o trasladarse a las familias receptoras mediante una reducción en el valor neto recibido.
Asimismo, advierten que la medida podría incentivar el uso de canales alternativos, como el envío de dinero con terceros que viajan al país o mediante billeteras digitales y criptoactivos, lo que reduciría la trazabilidad de estos flujos.
Estimaciones de Grupo Cibest, casa matriz de Bancolombia, indican que el impacto más visible se reflejaría en las remesas canalizadas hacia cuentas bancarias, con una posible reducción de hasta $30.1 millones. No obstante, el grupo considera que, a nivel agregado, el efecto sobre el total de remesas no sería significativo, aunque sí podría modificar los patrones de envío y los costos asociados para los migrantes salvadoreños.
