El Presupuesto General del Estado para 2026 revela un giro estratégico en la política agrícola del país: una porción significativa de los recursos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) será canalizada hacia la red de abastecimiento y seguridad alimentaria, consolidando a los agromercados y centrales de abasto como uno de los principales instrumentos de intervención estatal en la formación de precios y el acceso a alimentos.
De acuerdo con la Ley de Presupuesto, la Dirección General de Vinculación Territorial y Abastecimiento (DGVTA) administrará $60.9 millones el próximo año, lo que representa el 32.25% del total asignado al ramo agrícola, que asciende a $188.9 millones. Esta dependencia es responsable de la operación de los agromercados y de las centrales de abasto, en coordinación con los gobiernos locales.
El objetivo de esta asignación es fortalecer la articulación entre el MAG, municipalidades, cooperativas, organizaciones comunitarias y otras entidades, con el fin de garantizar el funcionamiento de mercados estratégicos y ejecutar acciones conjuntas orientadas al desarrollo sostenible del sector agropecuario y forestal, según lo establece el marco legal del presupuesto.
Durante el proceso de discusión presupuestaria, el monto destinado a la DGVTA experimentó un ajuste al alza, al pasar de $52.9 millones en el anteproyecto a $60.9 millones en la versión final aprobada para 2026. Este incremento fue posible tras una reasignación de recursos derivada de un recorte al presupuesto del Órgano Judicial.
En términos globales, el presupuesto del Ramo de Agricultura y Ganadería más que se duplicó respecto a 2025, cuando fue de $92.1 millones. El aumento absoluto de $96.7 millones equivale a un crecimiento del 105% y responde, principalmente, a la expansión de la red de abastecimiento y al refuerzo de programas de apoyo directo como el Bono Agrícola (BAG).
El desglose presupuestario también muestra que siete instituciones adscritas al MAG recibirán transferencias para su funcionamiento. En conjunto, estas entidades concentrarán $76.6 millones, es decir, el 40.5% del total del ramo. Entre las instituciones con mayor asignación figuran el Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario (CDCA) y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA).
Expansión de mercados y efectos en precios
Según datos oficiales, actualmente operan 61 agromercados a escala nacional, mientras que la Central de Abastos de Soyapango, en San Salvador Este, es la única en funcionamiento. El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, aseguró que la entrada en operación de esta central tuvo efectos inmediatos en la dinámica de precios, con reducciones de hasta 80% en algunos productos.
Para 2026, el MAG prevé la apertura de una segunda Central de Abastos en la zona oriental, específicamente en Usulután. En julio de 2025, el Ministerio de Hacienda confirmó un refuerzo presupuestario de $20 millones destinado a la expansión de los agromercados y a la habilitación de esta nueva central.
Asimismo, la cartera agrícola planea inaugurar 10 nuevos agromercados, principalmente en áreas rurales, con el objetivo de reducir la intermediación. “Hemos identificado zonas donde pocos intermediarios se aprovechan de las personas que más lo necesitan”, afirmó Domínguez al explicar los criterios de ubicación.
Las cifras del MAG indican que, solo en diciembre, los agromercados atendieron a más de 600,000 familias, mientras que la Central de Abastos benefició a alrededor de 50,000 mayoristas, entre emprendedores, pequeños comercios y vendedores de mercados municipales. Las autoridades sostienen que esta red ha contribuido a mantener estabilidad en la canasta básica, con deflación en algunos productos y sin problemas de desabastecimiento.
En 2025, la Asamblea Legislativa aprobó una transferencia adicional de $20 millones para fortalecer la logística de los agromercados y centrales de abasto, recursos que se complementaron con una donación de $725,000 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Con estos fondos se prevé la adquisición de una flota de aproximadamente 30 vehículos para agilizar el transporte de productos y reducir pérdidas postcosecha.
Postura de los productores
Desde el sector productivo, Luis Treminio, presidente de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO), reconoció que los agromercados benefician al consumidor final, pero advirtió que el impacto para los productores es desigual. Según explicó, quienes no forman parte del Programa de Aumento a la Producción enfrentan mayores dificultades para vender a los precios exigidos.
Treminio señaló que los productores incluidos en el programa reciben paquetes de insumos que cubren cerca del 60% de sus costos, lo que les permite comercializar a precios más bajos. Ante este escenario, la gremial propone que el Estado compre la producción a un precio justo al productor y luego la ofrezca al consumidor en condiciones accesibles.
El fortalecimiento presupuestario del MAG también fue valorado por organizaciones del sector. Mateo Rendón, coordinador de la Mesa Agropecuaria, destacó que el aumento del presupuesto era una demanda histórica de los productores, aunque subrayó que el desafío ahora será diseñar incentivos que impulsen la productividad y la rentabilidad del agro.
Con la DGVTA concentrando casi un tercio del presupuesto agrícola, el Presupuesto 2026 confirma que la política de abastecimiento y control de precios será uno de los ejes centrales del gasto público en el sector agropecuario el próximo año.
