El Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró ayer que se mantiene un “diálogo abierto” con el Gobierno salvadoreño para lograr una consolidación fiscal y minimizar los riesgos del bitcoin en la economía.
En una rueda de prensa en Washington, Julie Kozack, directora de comunicaciones del FMI, señaló que las discusiones siguieron activas después de la consulta al Artículo IV, en marzo de 2023, una revisión periódica que el FMI realiza con sus países miembros para examinar las condiciones económicas y fiscales.
“El personal continúa manteniendo un diálogo abierto con las autoridades salvadoreñas sobre cuestiones técnicas y políticas para ayudarles en sus objetivos”, dijo Kozack, que aseguró que también se revisan “áreas críticas” como la gobernanza económica y la transparencia.
“Mantenemos debates regulares sobre algunos de estos temas que se discutieron en la consulta del Artículo IV. Yo destacaría dos de ellos: el ritmo y la composición de la necesaria consolidación fiscal y, al mismo tiempo, respaldar el crecimiento y a los segmentos más vulnerables de la población”, añadió.
En la mesa de negociaciones también está cómo “minimizar los riesgos derivados de la adopción del bitcoin”, indicó.
No es la primera vez que el FMI menciona al bitcoin como uno de los temas controversiales e incluso ha recomendado que se elimine la figura de moneda de curso legal, así como que se retiren los incentivos. El tema generó polémica con las autoridades salvadoreñas y fue una de las principales trabas para no lograr un acuerdo de financiamiento.
A principios de septiembre, el nuevo ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, aseguró que la Administración de Nayib Bukele espera alcanzar un acuerdo fiscal con el FMI antes de las elecciones de 2024, dos años después del último intento para conseguir un programa.
Posada Molina, que asumió las riendas de Hacienda en julio, recordó que las negociaciones iniciaron en 2021, pero en ese momento las condiciones no eran las “más idóneas”. “Nosotros seguimos con el diálogo y nuestro objetivo es poder llegar a un acuerdo, incluso, si es posible, antes de las elecciones”, dijo en su primera aparición como ministro.
En los acercamientos de 2021, el Gobierno buscaba un programa de financiamiento de $1,300 millones bajo la figura de Facilidad de Servicio Ampliado (SAF, por sus siglas en inglés), que contemplaba un ajuste fiscal de cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
La noticia generó entusiasmo en el mercado, pero duró poco pues las negociaciones se deterioraron cuando la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal de la República. Poco después se aprobó la adopción del bitcoin y el mercado castigó a El Salvador elevando el riesgo y con una caída en las cotizaciones de los bonos.
La situación generó tensión entre el Gobierno con las calificadoras y los economistas, que advertían de un riesgo de impago para el vencimiento de $800 millones en enero de 2023. El Ejecutivo calmó al mercado con dos recompras de los bonos de 2023 y 2025, que aliviaron las presiones de pago.
Según el monitoreo del mercado, los bonos de El Salvador se encuentran entre los de mejor desempeño este año. La nota con vencimiento en 2025 cerró en $91.06 en la jornada de este jueves, un precio que se encuentra un 67 % por encima de su valor de octubre de 2022, cuando se cotizaban en $54.41.
