El Gobierno de Guatemala presentó este lunes al Congreso su propuesta de presupuesto para 2026, valorada en 21,409 millones de dólares, con la promesa de priorizar áreas sociales como salud y educación, al tiempo que busca reducir el déficit fiscal al 3,3% del PIB, por debajo del 3,8% previsto para este año.
Durante la presentación oficial, el presidente Bernardo Arévalo destacó que el plan responde a la necesidad de incrementar la inversión pública. “Estamos aumentando el presupuesto porque queremos más escuelas, mejor salud y mejor educación. Estamos entregando más productos a la ciudadanía”, afirmó el mandatario.
Por su parte, el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, explicó que el monto propuesto representa un crecimiento del 5,8% en comparación con 2025, lo que equivale a 1.169 millones de dólares adicionales. Según el funcionario, se trata del presupuesto nacional “más pequeño de Centroamérica y uno de los más bajos a nivel mundial” en relación con la población del país, que ronda los 18 millones de habitantes.
Las carteras de Educación y Salud concentran el mayor refuerzo de recursos. Para el sector educativo se asignaron 3.521 millones de dólares, un 5% más que en 2025, mientras que salud contará con 2.171 millones de dólares, equivalente a un aumento del 8,8%. Seguridad y defensa también tendrán incrementos: Gobernación recibirá 1.249 millones de dólares (15,6% más) y Defensa 616 millones de dólares (22,3% más).
El ministro Menkos subrayó que la estrategia presupuestaria busca garantizar un gasto más inclusivo y focalizado en combatir el contrabando, la defraudación aduanera y la corrupción, además de dinamizar la inversión pública. En términos macroeconómicos, el proyecto representa el 16,2% del PIB, levemente por debajo del 16,4% que representó en 2025.
Las proyecciones económicas para el país mantienen un crecimiento estable: el Banco de Guatemala estima que la economía crecerá entre 3% y 5% en 2025, mientras que el Fondo Monetario Internacional prevé un avance del 3,8% el próximo año y de 3,5% en 2026.
De acuerdo con la normativa vigente, el Ejecutivo tiene hasta el 2 de septiembre para remitir su propuesta presupuestaria, mientras que el Congreso deberá debatirla y definir su aprobación a más tardar el 30 de noviembre. Lo que ocurra en ese proceso marcará el rumbo de las políticas sociales y fiscales de Guatemala para los próximos años.
