El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, propuso este jueves a la compañía canadiense First Quantum Minerals iniciar un diálogo directo «en calma», sin arbitraje internacional, sobre la posible reapertura de su mina en el Caribe panameño.
La compañía acudió a un arbitraje para exigir 20.000 millones de dólares en compensación por la decisión del gobierno del país, aprobada por la Asamblea Nacional, de cerrar su mina, convertida en el foco de protestas que semiparalizaron el país durante más de un mes a fines de 2023 por los supuestos daños medioambientales que causaba.
«No se olviden que el gobierno es dueño de esa concesión (…), sobre esa base podemos conversar para abrir (o) para cerrar» definitivamente la mina Cobre Panamá, dijo Mulino en una entrevista con la radio ArCa Media En Directo.
Sin embargo, «no voy a aceptar hablar de mina con esos arbitrajes activos», añadió el presidente electo, quien debe asumir el mando el 1 de julio.
La minera, que inició el 1 de diciembre el proceso arbitral, no ha respondido a la petición de la AFP sobre su posición a las declaraciones de Mulino.
«Se abre la vía del dialogo entre el Estado y la empresa para buscar una solución que beneficie a ambas partes», dijo a la AFP el director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá, Zorel Morales.
Sin embargo, las palabras de Mulino no agradaron al biólogo y ambientalista Guido Berguido, quien indicó que el próximo presidente no puede negociar la reapertura de la mina, pues existe una «ley de moratoria minera indefinida» aprobada por el Congreso el 3 de noviembre.
«Para mí que (Mulino) está siendo político, tratando de apaciguar las aguas y para que las acciones de First Quantum suban, dándole esperanza de algo», declaró a la AFP Berguido, director ejecutivo de la ONG Asociación Adopta Bosque Panamá.
Mulino ganó las elecciones del domingo empujado por la popularidad del exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado desde hace tres meses en la embajada de Nicaragua para evitar ser encarcelado tras ser condenado por blanqueo de capitales.
- «Hay que sepultarlo» –
Las protestas en demanda del cierre de la mina se desataron el 20 de octubre, el mismo día en que el Congreso panameño aprobó la ley del contrato de concesión por 20 años prorrogables. La norma fue de inmediato promulgada por el presidente, Laurentino Cortizo.
El 28 de noviembre la Corte Suprema declaró «inconstitucional» el contrato de concesión, tras lo cual se paralizó la producción y el gobierno dijo que implementaría un programa de cierre de las instalaciones, sin fecha definida.
La mina posee también una central termoeléctrica y un puerto para buques de gran calado.
Para proteger su inversión de unos 10.000 millones de dólares en Panamá, First Quantum inició en Miami el 1 de diciembre el proceso arbitral ante la Corte Internacional de Arbitraje, un ente autónomo de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.
Mulino, abogado derechista de 64 años, aclaró que en caso de una renegociación, descartará como referencia el contrato firmado por el actual gobierno.
«Lo único que no será, por el interés nacional, es repetir ese contrato o usarlo de referencia, eso hay que sepultarlo», afirmó el presidente electo.
La mina, que entró en operaciones en febrero de 2019, producía unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales desde 2019, lo que representaba el 75% de las exportaciones y el 5% del PIB del Panamá.
Además, daba empleo directo e indirecto a unos 40.000 trabajadores. Solo unos pocos empleados siguen laborando en tareas de mantenimiento.
«Con la mina por primera vez en la historia el salario promedio más alto del país se desplazó [desde la capital] hacia una localidad diferente», destacó el director de la Cámara Minera.
Sin embargo, organizaciones ambientalistas y sindicales acusaban a la mina de generar daños severos en el medioambiente y consideraban insuficientes los aportes anuales mínimos de 375 millones de dólares en regalías que establecía el contrato.
Menor crecimiento
El cierre de la mina levantó dudas sobre la seguridad de la inversión extranjera en el país y puso presión sobre la economía panameña, que creció 7,3% en 2023, una de las mayores tasas de América Latina, pero que caerá a un tercio este año, según los expertos.
El país también enfrenta una sequía que amenaza los ingresos del Canal de Panamá, mientras la Caja de Seguro Social se encamina a quedarse en 2025 sin dinero para pagar las jubilaciones a más de 310.000 panameños, según los economistas.
