Con el objetivo de establecer un marco legal que regule las actividades de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que reciben fondos provenientes del exterior, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Agentes Extranjeros. Esta nueva legislación incorpora un componente tributario clave: un impuesto del 30 % sobre cada transacción financiera, donación, transferencia o entrega de bienes que provenga de fuentes extranjeras.
El nuevo marco normativo tiene como propósito central garantizar la transparencia y trazabilidad de las operaciones financieras realizadas por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otras entidades que obtienen recursos del exterior. Según las autoridades legislativas, la ley busca asegurar que los ciudadanos conozcan en qué se invierten estos fondos y evitar que se utilicen con fines contrarios al interés nacional.
¿Qué implica el nuevo impuesto?
A partir de la entrada en vigencia de la normativa, toda transacción de dinero o bienes provenientes del exterior destinada a agentes extranjeros en El Salvador será gravada con un impuesto del 30 %. Esta medida incluye donaciones, pagos, transferencias o cualquier otra modalidad de aporte material. El objetivo declarado es generar ingresos públicos que puedan destinarse a proyectos sociales, al tiempo que se asegura la legalidad de las operaciones financieras internacionales.
Registro obligatorio y supervisión estatal
Uno de los pilares de esta ley es la creación del Registro de Agentes Extranjeros (RAEX), una dependencia adscrita al Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Este ente será el encargado de registrar, supervisar y fiscalizar las actividades de los sujetos obligados, además de otorgar o denegar la inscripción como agentes extranjeros.
La inscripción en el RAEX será obligatoria para todas las entidades o personas que reciban financiamiento internacional. Entre las responsabilidades impuestas están la declaración jurada de actividades y fondos, el cumplimiento de normativas antilavado de dinero, y la presentación de informes periódicos ante las autoridades correspondientes.
Obligaciones y sanciones
Los agentes extranjeros deberán también llevar registros contables, conservar documentación relacionada con sus operaciones y canalizar los fondos recibidos únicamente a través de instituciones autorizadas. El incumplimiento de las disposiciones podría acarrear multas que van desde los $100,000 hasta los $200,000, dependiendo de la gravedad de la infracción.
La ley ha generado diversas reacciones en el ámbito económico y social. Mientras el Gobierno sostiene que la medida fortalece la soberanía financiera y la transparencia, algunos sectores han manifestado preocupación por el posible impacto en proyectos humanitarios y de cooperación internacional.
En un país donde numerosas organizaciones dependen de fondos extranjeros para operar en áreas como salud, educación y derechos humanos, la implementación efectiva de esta ley requerirá un equilibrio entre control estatal y garantía de libertades operativas.
