La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó recientemente un impuesto del 3.5 % a las remesas enviadas al exterior desde ese país, una medida que forma parte del paquete fiscal impulsado por la administración del expresidente Donald Trump y que podría entrar en vigor a partir de septiembre, coincidiendo con el inicio del año fiscal estadounidense.
El proyecto de ley, inicialmente presentado el 13 de mayo, proponía un gravamen del 5 %, pero los legisladores de la Cámara Baja lo redujeron a 3.5 % antes de remitirlo al Senado, que tiene hasta el 30 de septiembre para decidir si lo aprueba.
Económicamente, la medida representa un fuerte impacto para países como El Salvador, cuya economía depende en gran medida de las remesas familiares. Solo en 2024, el país recibió $8,479.7 millones por este concepto, lo que representa una de las principales fuentes de ingreso nacional, superando incluso el total de exportaciones. Si se aplica este impuesto, el monto que dejaría de llegar a El Salvador rondaría los $296.8 millones anuales.
A nivel familiar, el impacto también es palpable: un hogar que recibe $200 al mes podría perder $6 por cada remesa, lo que a lo largo del año representa una pérdida acumulada significativa para las familias que dependen de estos envíos para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, vivienda y educación.
El impuesto no aplicaría a ciudadanos estadounidenses, pero sí a quienes tienen otro estatus migratorio, como residentes temporales o permanentes, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), solicitantes de asilo, trabajadores temporales y migrantes indocumentados, lo cual incluye a una porción importante de la diáspora salvadoreña en EE. UU.
Para analistas económicos, este nuevo impuesto podría generar efectos adversos en el consumo interno, aumentar la presión sobre programas sociales y reducir el ingreso de divisas, afectando la estabilidad macroeconómica del país. Además, podría forzar a las familias salvadoreñas a recurrir a mecanismos informales de transferencia de dinero, reduciendo la transparencia y trazabilidad de estos flujos financieros.
Aunque esta no es la primera vez que se propone gravar las remesas —en diciembre de 2023 el entonces senador y ahora vicepresidente JD Vance sugirió un impuesto del 10 %—, la actual propuesta tiene un calendario definido y un alto potencial de ser implementada.
La economía salvadoreña, altamente dependiente del aporte de su diáspora, podría enfrentar un nuevo desafío si el Senado estadounidense decide ratificar esta medida fiscal.
