En El Salvador, las desigualdades socioeconómicas continúan afectando la distribución de subsidios en servicios públicos esenciales como la electricidad, el gas propano, el agua potable y el transporte público. Aunque estos apoyos fueron concebidos para aliviar la carga económica de los sectores más vulnerables, en la práctica benefician también a hogares con mayores ingresos, lo que disminuye su eficacia como herramienta de política social.
Durante la Semana del Economista 2025, organizada por el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Colproce), el director del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), licenciado Danilo Pérez, presentó la ponencia titulada “Desigualdades socioeconómicas existentes en la focalización de los subsidios en El Salvador”. En su exposición, subrayó que el diseño actual de estos programas genera distorsiones, al no contar con mecanismos eficientes para identificar y priorizar a la población que realmente los necesita.
Pérez explicó que la falta de focalización adecuada no solo implica un uso ineficiente de los recursos públicos, sino que también limita la capacidad del Estado para reducir la pobreza y la desigualdad. “El subsidio debe ser una herramienta de equidad, pero cuando se distribuye de manera generalizada, termina favoreciendo a quienes no lo requieren en detrimento de los hogares en condición de vulnerabilidad”, señaló.
La propuesta del CDC apunta a implementar un sistema de asignación más preciso, respaldado en datos socioeconómicos actualizados y en el cruce de información entre instituciones. Según el especialista, esto permitiría optimizar el gasto social, mejorar la equidad en el acceso a los servicios básicos y garantizar que cada dólar invertido cumpla su propósito de mejorar la calidad de vida de las familias con menores ingresos.
