Con el objetivo de garantizar el acceso a la electricidad en comunidades rurales, El Salvador avanza hacia la cobertura total del suministro eléctrico a nivel nacional en los próximos cuatro años, mediante la implementación del «Programa de Acceso Universal a la Energía». Inicialmente, el proyecto beneficiará a cerca de 8,700 hogares ubicados en zonas que actualmente carecen de este servicio.
La iniciativa busca disminuir las brechas de desigualdad en el acceso a la energía eléctrica y fomentar el desarrollo económico y social en regiones con altos índices de pobreza, incluyendo comunidades indígenas y áreas rurales de menor desarrollo. Para facilitar la ejecución del programa, se han establecido disposiciones especiales que estarán vigentes durante seis años y que contemplan exenciones tributarias para contratistas y subcontratistas vinculados a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
Entre los beneficios fiscales destacan la exoneración del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios (IVA), aranceles de importación y tarifas del Centro Nacional de Registros (CNR). Además, los ingresos obtenidos por actividades relacionadas con el programa estarán exentos del Impuesto sobre la Renta (ISR) hasta la entrega de las obras, bienes o servicios.
Los contratistas y subcontratistas deberán mantener registros especiales de operaciones vinculadas al programa y presentar las declaraciones tributarias y aduaneras correspondientes. De manera similar, los propietarios que vendan voluntariamente sus terrenos para los proyectos de electrificación quedarán exentos del ISR por ganancia de capital.
El proyecto será ejecutado por la CEL con financiamiento proveniente de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que cubrirá la planificación, diseño, construcción de redes de distribución, sistemas de generación eléctrica y adquisición de equipos. Las empresas distribuidoras deberán colaborar en la conexión de los proyectos y realizar los ajustes necesarios a sus redes conforme a los lineamientos técnicos establecidos.
Paralelamente, se aprobaron disposiciones tributarias especiales para los contratos multicliente de exploración de hidrocarburos y las licencias de datos asociadas. Estos contratos, que permiten a empresas realizar estudios geocientíficos y geofísicos asumiendo su propio riesgo y financiamiento, contarán con exoneraciones de impuestos sobre la renta, IVA, aranceles y otros gravámenes aplicables. Los ingresos obtenidos bajo estos contratos se considerarán rentas no gravadas, garantizando un marco de certeza jurídica y respaldo fiscal para fomentar inversiones y modernizar el subsector energético.
El marco normativo establece controles específicos, incluyendo la obligación de llevar registros de operaciones y presentar declaraciones tributarias y aduaneras, mientras que el Ministerio de Hacienda queda facultado para emitir instrucciones que aseguren la correcta aplicación de estas medidas.
Con estas disposiciones, El Salvador fortalece su infraestructura energética y crea condiciones favorables para la inversión, apuntando a un desarrollo más equitativo y sostenible en el país.
