Unas 72 millones de personas que viven en zonas rurales de Latinoamérica y el Caribe carecen de acceso a internet con estándares mínimos de calidad y la brecha con las zonas urbanas se ha expandido en los últimos dos años.
Así lo revela el informe “Conectividad rural en América Latina y el Caribe: estado de situación, retos y acciones para la digitalización y el desarrollo sostenible”, presentado este jueves por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y las empresas Bayer, Microsoft y Syngenta.
El estudio, que concentró su trabajo en 26 países latinoamericanos y caribeños, reveló que en 2022 hay menos personas en zonas rurales sin acceso a internet de calidad en comparación con 2020 cuando había 77 millones, pero la brecha con las zonas urbanas se ha expandido.
Actualmente, un 79 % de la población urbana cuenta con servicios de conectividad significativa en la región, mientras que en 2020 la cifra fue del 71 %. En las poblaciones rurales el porcentaje es del 43,4 % este 2022, en comparación con el 36,8 % de 2020.
El estudio concluye que ante la brecha rural persistente son necesarias “acciones decididas y soluciones innovadoras”. Un grupo de países conformado por Argentina, Barbados, Bahamas, Belice, Brasil, Costa Rica, Chile, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay es considerado como “de alta conectividad significativa rural”.
Otro grupo integrado por Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Perú, República Dominicana, Paraguay y Surinam se ubica en la categoría “de nivel medio de conectividad significativa rural”.
El tercer conjunto de países, considerado de “baja conectividad significativa rural”, lo componen Bolivia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De acuerdo con el informe, las dificultades para incrementar más rápidamente el acceso a la conectividad rural pasan por obstáculos persistentes en el empleo de los fondos de acceso universal, problemas de infraestructura, elevados costos de inversión y una escasez de estímulos que alienten las inversiones en el ámbito rural.
“Los países de la región, si bien están encarando acciones en materia de actualización de marcos regulatorios y desarrollo de agendas y políticas digitales, no han logrado implementar soluciones a gran escala, y presentan requerimientos importantes en materia de inversiones en infraestructura”, dijo la investigadora del IICA, Sandra Ziegler.
