Recientemente el titular de la Defensoría del Consumidor (DC), Ricardo Salazar, informó que hasta septiembre de este 2022 han logrado recuperación de $8.6 millones a favor de 11,212 consumidores.
El funcionario recalcó que la atención de denuncias es otra de sus funciones más importantes, además de la amplia labor que la institución realiza en materia de control de precios, inspecciones y otras diligencias relacionadas con el acompañamiento de la población en actividades de consumo.
«Esta vocación tiene que ver con cómo la Defensoría y el Gobierno del presidente Nayib Bukele también están atendiendo esas problemáticas de consumo que también tienen afectación en la parte económica», dijo el funcionario.
Detalló que, el monto de recuperación se dio en los sectores vinculados a inmuebles, servicios financieros, telecomunicaciones, electrodomésticos, muebles, artículos del hogar y servicios en general.
«Solamente en materia financiera hemos recuperado $1.9 millones a favor de 1,874 consumidores en temas vinculados a cobros indebidos, a cálculos incorrectos de interés y esto representa un importante nivel de contribución que hace el Gobierno», indicó.
Asimismo, el titular mencionó que el sector financiero y de telecomunicaciones persisten entre los más denunciados por la población, esto debido al carácter masivo de la naturaleza de los productos y servicios en cuestión, y la implicación económica directa de los mismos hacia la población.
VIERNES NEGRO Y FIESTAS DE FIN DE AÑO
Sobre las actividades de consumo más fuertes que espera para el resto del año, Salazar dijo que activará a sus equipos para que garanticen los derechos de los consumidores en cuanto a las ofertas de Viernes Negros, que tiene lugar en noviembre, y las fiestas decembrinas.
Cabe mencionar que el personal de la institución será desplegado a todo el país para constatar que no haya abusos en el despliegue de las ofertas y promociones sobre todo en materia de publicidad engañosa, información a la vista, fechas de vencimiento, entre otros mandamientos de ley que los ofertantes deben de cumplir.
