Según el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, solo un 60% de las multas impuestas por la institución son pagadas por los proveedores sancionados. Salazar señaló que aproximadamente un 30% de las multas se encuentran en proceso de recursos presentados por los proveedores, mientras que otras son remitidas a la Fiscalía General de la República.
El funcionario explicó que cuando se emite una multa, se otorga un plazo para que la empresa realice el pago y presente el comprobante correspondiente. Sin embargo, en los casos en que no se entrega el recibo, el asunto se remite a la Fiscalía.
Salazar destacó que los sectores de comunicaciones, electricidad, combustibles y servicios financieros son los que requieren mayor atención en Centroamérica. Sin embargo, los datos revelan que los almacenes de ropa, calzado y accesorios tienen la mayoría de los casos activos en el Tribunal Sancionador de la Defensoría, con 20 multas impuestas que ascienden a $75,944.68 en el período de enero a junio de 2023.
Durante el año 2023, se han aplicado un total de 29 multas por un monto de $114,202.91, incluyendo sectores como farmacias, restaurantes, turismo, supermercados, ferreterías, educación, instituciones financieras y gimnasios.
Desde el año 2020, las sanciones impuestas ascienden a más de $1.3 millones por 324 casos relacionados con la falta de información sobre promociones, precios o condiciones de ofertas, así como publicidad engañosa.
El presidente de la Defensoría recordó a los consumidores que pueden presentar sus denuncias por inconsistencias o inconformidades llamando al número 910 o al número de WhatsApp 7844-1782.
