Un reciente estudio de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (Fudecen) ha puesto de manifiesto el alto costo que los desastres naturales han tenido para la economía de El Salvador en las últimas dos décadas. Según el informe, las sequías, sismos, inundaciones por tormentas y huracanes han generado pérdidas económicas equivalentes al 16% del Producto Interno Bruto (PIB) del país entre 2000 y 2023.
El análisis, basado en información del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Colproce), la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador (RACDES) y el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), explora los modelos económicos implementados en El Salvador desde el año 2000 hasta 2019. El estudio identifica trampas que han impedido un desarrollo inclusivo y sostenible en el país.
El informe detalla que las pérdidas económicas derivadas de los desastres naturales han superado los $5,442 millones, lo que representa un 16% del PIB salvadoreño. Además, señala que la inversión necesaria para reparar la infraestructura dañada ha promediado un 19.2% del PIB, convirtiendo a El Salvador en el país de Centroamérica con mayores pérdidas económicas a causa de eventos climáticos.
Óscar Cabrera, presidente de Fudecen, subraya que este alto porcentaje es un indicador de la vulnerabilidad extrema del país y critica los bajos niveles de inversión en infraestructura, los cuales, según él, no logran recuperar las pérdidas provocadas por los desastres. “Este es un factor que inhibe el crecimiento económico”, afirmó Cabrera.
En comparación con El Salvador, Guatemala presenta la segunda cifra más alta de pérdidas por eventos climáticos en Centroamérica, con $4,169 millones, equivalentes al 4% del PIB. Nicaragua sigue en tercer lugar con un 7% del PIB en pérdidas, lo que se traduce en al menos $1,226 millones. Costa Rica y República Dominicana reportan pérdidas equivalentes al 1% de su PIB, aproximadamente $400 millones cada uno. Honduras, por su parte, ha sufrido pérdidas equivalentes al 2% del PIB, es decir, alrededor de $4,000 millones. No se incluyó información sobre Panamá en el estudio.
El informe también destaca que en El Salvador, los períodos de sequía son más prolongados entre julio y agosto, seguidos por intensas lluvias a partir de septiembre. Estos eventos afectan especialmente a la agricultura, que cada año enfrenta pérdidas debido a condiciones climáticas adversas.
A principios de la temporada de lluvias de 2023, las tormentas tipo temporal entre el 14 y el 21 de junio causaron al menos 19 muertes y daños significativos en cultivos e infraestructura habitacional.
Cabrera también comentó sobre las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que estiman que la inversión en El Salvador se mantendrá en un 20.5% del PIB entre 2024 y 2029. Según el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), esto refleja una continuación de las políticas actuales que no han logrado mitigar adecuadamente las pérdidas de infraestructura derivadas de los desastres.
Por otro lado, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advirtió que, de no adoptarse medidas “ambiciosas”, el costo de los eventos extremos podría alcanzar un 7% del PIB anual, es decir, más de $2,500 millones para 2030.
Este informe pone de relieve la necesidad urgente de políticas más efectivas y sostenibles para enfrentar los desafíos climáticos y económicos que enfrenta El Salvador.
