El Salvador elevó en enero la deuda estatal con los fondos privados de pensiones en $46.44 millones, alcanzando un total de $10,572.40 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR). Este aumento proviene de títulos valores emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están obligadas a adquirir, con el fin de financiar el pago de pensiones de los jubilados del sistema anterior.
Desde abril de 2023, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) suman $2,176.67 millones, mientras que los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) ascienden a $8,395.73 millones. Estos últimos, aprobados por la Asamblea Legislativa en 2022, no pagan capital ni intereses durante los primeros cuatro años. En este contexto, Barclays advirtió en un informe que el sistema de pensiones podría estar siendo utilizado para financiar al Gobierno a través del ISP y bancos comerciales.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) alertó sobre la precariedad del sistema previsional, señalando que 8 de cada 10 adultos mayores en El Salvador no tienen acceso a una pensión. Además, solo el 25% de los trabajadores cotizan en el sistema, lo que plantea desafíos para la sostenibilidad del modelo de pensiones en el país.
