La etapa gris del Puerto de La Unión Centroamericana (PLC) parece estar a punto de terminar, ya que la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) se prepara para entregar la concesión a la empresa turca Yilport. Esta concesión marcará un nuevo rumbo para la terminal, que actualmente solo se utiliza para actividades pesqueras.
Federico Anliker, presidente de CEPA, recordó que el puerto, diseñado originalmente para manejar contenedores, ha enfrentado problemas de sedimentación desde 2012, lo que ha impedido la llegada de naves de gran calado. Anliker subrayó que el modelo actual no es definitivo y que Yilport tiene la libertad de explorar nuevas industrias basadas en sus necesidades operativas. «Obviamente nadie está amarrado o casado con nada. Pueden haber otras industrias donde nuestro socio diga ‘yo veo un potencial o necesito que, por la carga que muevo… el Puerto de La Unión puede ser idóneo para esto'», afirmó Anliker.
Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2021 recomendó tres posibles modelos para activar la terminal: pesca, turismo o la construcción de un astillero, debido al alto costo del dragado necesario para naves grandes. La terminal, diseñada para competir con el Canal de Panamá, ha estado subutilizada y en el primer semestre de 2024 solo atendió 10 barcos, de los cuales ocho eran pesqueros.
La CEPA estima que el puerto, con un área pavimentada capaz de manejar más de 275,000 contenedores anuales, podría superar las 800,000 unidades si se incluyen las zonas verdes. Anliker destacó la importancia del dragado para el funcionamiento del puerto, trabajando en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para manejar los sedimentos sin afectar la vida marina.
La concesión a Yilport, que será válida por 50 años, incluye una inversión total de $1,615 millones, de los cuales $74 millones se destinarán a la remodelación del Puerto de La Unión en la primera fase de cinco años. La inversión se realizará bajo un modelo de asociación de economía mixta, con una junta directiva compartida entre CEPA y Yilport.
Anliker aseguró que se han establecido «cláusulas especiales» para proteger los intereses de El Salvador y evitar posibles abusos. CEPA mantendrá un derecho de voto en la junta directiva, a pesar de tener solo un 20% de participación en la concesión. «Nuestra responsabilidad es cuidar y velar por los intereses de El Salvador. Estas cláusulas especiales nos permiten actuar inmediatamente en caso de cualquier abuso», aseguró Anliker.
El presidente de CEPA también comentó que, aunque no hubo un proceso de licitación debido a que la ley no lo exige, la inversión se realizó de manera transparente y legal, con el acompañamiento de una empresa estadounidense para ayudar en la formulación de la operación. «Estamos haciendo todo 100% legal. Aquí no estamos escondiendo nada, estamos siendo transparentes dándole la cara a la población», concluyó Anliker.
