Las sanciones petroleras de Estados Unidos contra Venezuela, pese a que se reanudaron en abril, están bajo una suerte de alivio que permite a empresas extranjeras operar en el país caribeño, aunque con limitaciones e incertidumbre sobre lo que pueda hacer Washington ante la crisis desatada tras la controvertida reelección de Nicolás Maduro, advierten expertos.
Hasta hace un año pesaba sobre Venezuela un esquema de sanciones “fuertes” que fue flexibilizado el 18 de octubre de 2023 como incentivo para la celebración de unas presidenciales libres y competitivas, pero vencido el plazo de seis meses fijado por EE.UU., con posibilidad de prórroga, el alivio fue revertido parcialmente, al considerar que Maduro incumplió su compromiso.
Desde entonces, según dijo a EFE el economista Luis Oliveros, se pasó a un esquema de licencias individuales otorgadas, mediante el que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) “estudia las peticiones” para “poder operar en Venezuela, pero siempre con límites” y “cierta incertidumbre”, pues esas autorizaciones -advirtió- son “revisadas mensualmente” y “pueden ser paralizadas”.
“Dependiendo de lo que esté pasando en Venezuela, ellos pueden decidir parar la licencia a (la estadounidense) Chevron, por ejemplo”, explicó.
El papel de las transnacionales
En el último año, el país con las mayores reservas probadas de crudo amplió su cooperación internacional en el ámbito energético, con la firma de acuerdos con empresas como la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, que recibieron licencias de EE.UU. en mayo pasado.
Oliveros señaló a las empresas extranjeras como las “responsables de que haya subido” la producción petrolera venezolana, que pasó de 786.000 bpd a 927.000 bpd desde octubre de 2023 hasta el pasado agosto, un alza del 17,9 %, según cifras oficiales recogidas en informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Del total, dos tercios dependen de empresas mixtas con participación de las transnacionales, entre ellas también Chevron, cuya cuota supone unos 230.000 bpd, indicó el economista.
Asimismo, prosiguió Oliveros, esas empresas generan actividad económica, personal, tecnología, acceso a mercado y un “conjunto de cosas que necesita la industria petrolera”, por lo que considera que “sería una mala decisión” para Venezuela que se suspendieran esas licencias.
El peor de los escenarios con sanciones a Venezuela
El economista advirtió que, de regresar a un esquema férreo de sanciones, el país “no solamente tendría problemas para mantener el nivel actual de producción” petrolera, sino que, además, perdería otra vez el mercado europeo y norteamericano, donde puede vender crudo sin los descuentos que se veía obligado a aplicar en el asiático antes de estas flexibilizaciones.
Como consecuencia -dijo- “tendría un problema de flujo de caja muy, muy grave”, con efectos en la estabilidad cambiaria y, por tanto, en la inflación, que “depende” en “buena parte” de la renta petrolera.
Según expertos, las autoridades han logrado reducir la inflación, que bajó 0,6 puntos hasta un 0,8 % en septiembre, gracias a una política aplicada para estabilizar el precio del dólar -usado en el país como moneda de referencia- a través de una “agresiva” venta de divisas, de las cuales la gran mayoría provienen de los ingresos petroleros.
Oliveros indicó que las transnacionales petroleras suministran “hasta el 40 o el 50 %” del total de divisas que se comercializan en el sistema cambiario nacional.
Además, si bien “es ilógico pensar que Venezuela vaya a resolver el problema energético mundial”, en la situación actual y con “todos los riesgos que hay de una escalada en el conflicto en Medio Oriente” y de que “la invasión de Rusia a Ucrania continúe”, cada barril que se “pueda colocar en el mercado” es “un barril menos (del) que tiene que preocuparse” el mundo, agregó.
La búsqueda de estabilidad
El presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Héctor Obregón, dijo recientemente que el país aboga “activamente por la estabilidad y el equilibrio energético mundial, mediante la unidad y armonización de criterios compartidos”.
El pasado 23 de septiembre, destacó la alianza con Repsol, que “sigue consolidándose a través de acuerdos” y “proyectos de gran valor”, tras una reunión con representantes de la multinacional, pocos días después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, propusiera romper “todas las relaciones” con España.
