La economía salvadoreña continúa enfrentando problemas estructurales y una trampa de bajo crecimiento, según el Dr. Óscar Cabrera Melgar, expresidente del Banco Central de Reserva. De acuerdo con sus estimaciones, en 2024 el crecimiento económico no superó el 1.7 %, reflejando una tendencia de estancamiento que se prevé persista en los próximos años.
Cabrera Melgar señaló que el IBAE entre enero y noviembre de 2024 osciló en torno a esa cifra, y para 2025, el panorama sigue siendo desafiante. Con el ajuste fiscal en marcha, que busca reducir el déficit primario desde el 3.5 %, se espera que la economía salvadoreña continúe en una senda de crecimiento bajo, con proyecciones de expansión entre 1.5 % y 2 % tanto en 2025 como en 2026.
El acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), firmado entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), también ha generado algunas valoraciones para Cabrera Melgar, quién con su experiencia advierte que el ajuste fiscal recae principalmente sobre los empleados del sector público, con miles de despidos registrados entre noviembre y diciembre de 2024. Además, el presupuesto nacional ha sufrido recortes significativos en áreas esenciales como educación y salud, lo que impacta directamente a la población.
Piden al FMI incluir a la sociedad civil en el monitoreo del acuerdo SAF
En cuanto a la deuda pública del sector no financiero, se estima que se mantendrá cercana al 87 % del Producto Interno Bruto (PIB) este año, mientras que el déficit fiscal mostrará una leve reducción. Ante este escenario, el Dr. Cabrera Melgar ha instado al Directorio del FMI a incluir a organizaciones de la sociedad civil en un comité de monitoreo para supervisar el cumplimiento de los objetivos del acuerdo SAF en los próximos 40 meses, con el fin de garantizar una implementación efectiva y transparente.
La propuesta de incluir a organizaciones de la sociedad civil en el comité de monitoreo del acuerdo SAF busca reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos financieros. De concretarse, este mecanismo permitiría un seguimiento más cercano a las metas establecidas, promoviendo una gestión fiscal responsable y alineada con las necesidades del país. Ahora, la decisión queda en manos del Directorio del FMI, cuyo pronunciamiento será clave para definir el alcance y la efectividad del acuerdo.
