Carlos Armando Castillo López y Hugo Rogelio Cerros Alberto fueron denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR), por ser considerados supuestos autores del delito de estafa agravada en contra de una empresa salvadoreña; quienes establecieron una relación financiera, con las empresas representadas por los señalados, para obtener financiamiento óptimo ofertado por dichas personas.
Las negociaciones entre la empresa afectada y las empresas Argo Investments LLC, a través de Hermes Investment S.A. de C.V. como filial nacional; iniciaron en octubre de 2019 en un complejo de oficinas ubicado en la Colonia Escalón, de San Salvador. Las primeras conversaciones entre las partes fueron para conocer el proceso para la obtención de fondos de inversión y la emisión de capital necesario para apoyar esas transacciones.
Al respecto, el representante legal de la empresa agraviada informó que en dichas negociaciones participó Carlos Armando Castillo, junto a otros representantes, argumentando que tenían un portafolio diverso de clientes internacionales; los cuales estaban a la espera de desembolsos de inversión, gestionada en el extranjero para ciertas sociedades o entidades financieras salvadoreñas, por ellos que se dedican a obtener fondos de inversión a largo plazo y con tasas de intereses menores, que el mercado financiero local.
Durante los primeros encuentros, solicitaron al representante de la empresa afectada un monto inicial de $106,000 dólares como apalancamiento, prometiendo el reintegro de ese dinero. Luego de varios meses, la empresa también entregó una considerable cantidad de dinero a través de la firma de un mutuo con la empresa Hermes Investment, S.A. DE C.V., actuando Carlos Armando Castillo López, como apoderado general administrativo de dicha sociedad, por la cantidad de $1 Millón de dólares.
Luego del tiempo fijado para el cumplimiento de las obligaciones, se inició el cobro administrativo directo a través de comunicaciones telefónicas, virtuales como video llamadas y correos electrónicos. Durante el contacto, los supuestos estafadores expresaron que aún estaban en proceso de desbloqueo de los fondos y hasta presentaban documentación relacionada con las transacciones que realizaban con otros supuestos clientes.
A la fecha, el reintegro del capital sigue sin concretarse ni tener certeza de su existencia, por lo que la empresa víctima ha interpuesto la documentación correspondiente ante la FGR señalando a los denunciados como los responsables de crear una “telaraña de engaños”, teniendo como resultado una afectación patrimonial directa.
Por tanto, el representante legal de la empresa salvadoreña afectada ha solicitado a la FGR que realicen las investigaciones correspondientes, a fin de individualizar las acciones de los denunciados y ejercer las respectivas acciones penales.
En los últimos meses, los casos delictivos por estafa han continuado en aumento en El Salvador. Los datos de la Fiscalía apuntan la detención de al menos 1,143 imputados entre enero de 2019 a diciembre de 2021 por delitos de estafa. De estos, 1,064 fueron arrestados mediante órdenes administrativas y 79 en flagrancia. En el 2021 las detenciones aumentaron a 501, sumadas a las 246 del año 2020 y los 396 arrestos del 2019. A la fecha, el ministerio público logró la condena de 234 acusados, 139 por estafa y 95 por estafa agravada.
