La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado que las empresas de redes sociales no pueden ser responsabilizadas por las víctimas de ataques terroristas que buscan culparlas por permitir que grupos militantes utilicen sus plataformas. En una decisión de 9-0, la corte revocó una sentencia de un tribunal inferior que había reavivado una demanda contra Twitter presentada por los familiares de una víctima de un ataque en Estambul en 2017. Esta decisión supone una victoria para Twitter Inc.
El caso en cuestión era uno de los dos que la Corte Suprema estaba considerando para determinar si las empresas de Internet pueden ser responsabilizadas por el contenido publicado por sus usuarios. El tribunal también se pronunció sobre un caso relacionado con YouTube, propiedad de Google LLC, pero evitó tomar una postura definitiva sobre la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que protege a las empresas de Internet de demandas por contenido publicado por los usuarios.
En el caso de Twitter, los jueces determinaron que los demandantes no presentaron pruebas suficientes para demostrar que la compañía había alentado, solicitado o aconsejado el ataque en cuestión. El juez conservador Clarence Thomas, autor de la sentencia, describió a los demandados como «espectadores, observando pasivamente cómo ISIS llevaba a cabo sus nefastos planes». El Gobierno de Joe Biden respaldó a Twitter, argumentando que la Ley Antiterrorista impone responsabilidad por ayudar a un acto terrorista específico y no por proporcionar apoyo generalizado a una organización terrorista extranjera.
Twitter ha afirmado en documentos judiciales que ha tomado medidas enérgicas contra el contenido relacionado con el terrorismo, suspendiendo más de 1,7 millones de cuentas por violar las normas contra la amenaza o promoción del terrorismo. Esta decisión de la Corte Suprema establece un precedente importante al reafirmar la protección jurídica de las empresas de redes sociales y su papel como plataformas neutrales en la difusión de contenido generado por usuarios. Sin embargo, la cuestión de la responsabilidad de las empresas de Internet por el contenido publicado en sus plataformas seguirá siendo objeto de debate y discusión tanto entre la opinión pública como entre los legisladores estadounidenses.
