En un contexto de creciente preocupación por las deportaciones masivas de migrantes, la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, anunció este lunes que el gobierno guatemalteco está tomando medidas para reforzar la atención a los connacionales deportados desde Estados Unidos. Herrera destacó que el país continúa trabajando en estrecha colaboración con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien asumió el poder este lunes.
“Nosotros le damos una enhorabuena al gobierno que está asumiendo y seguiremos trabajando porque la migración es un problema regional que debe ser atendido por todos”, afirmó la vicepresidenta durante una conferencia de prensa en la Fuerza Aérea Guatemalteca, donde arribó un vuelo con deportados provenientes de Virginia.
En cuanto a la preocupación por el posible incremento de deportaciones bajo la nueva administración estadounidense, Herrera destacó que el gobierno guatemalteco mantiene conversaciones bilaterales con EE.UU. para abordar el tema. «Seguimos trabajando en conjunto», añadió.
Acompañada por el director del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera, la vicepresidenta presentó el programa “Retorno al Hogar”, que tiene como objetivo proporcionar una asistencia integral a los guatemaltecos deportados, con énfasis en programas económicos y apoyo liderado por el Ministerio de Trabajo para facilitar la reintegración de los migrantes.
Rivera, por su parte, destacó que, ante un posible aumento de deportados durante la administración Trump, el gobierno está preparando albergues en puntos estratégicos del país. Uno de los principales sitios será la provincia de Huehuetenango, ubicada en el extremo norte del país, de donde proviene la mayoría de los deportados.
Durante el 2024, Estados Unidos deportó a 61,680 guatemaltecos, superando con creces los 55,302 deportados el año anterior. Este lunes, un vuelo con 116 personas deportadas arribó a Guatemala, y se esperan otros cinco vuelos durante esta semana, según las autoridades del país centroamericano.
Con este “refuerzo” institucional, el gobierno de Guatemala busca mitigar los impactos de la migración forzada y ofrecer mejores condiciones para la reintegración de aquellos que regresan a su país de origen.
