La Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines de Responsabilidad Limitada (COASPAE) enfrenta una creciente ola de denuncias por parte de sus socios y exsocios, quienes aseguran que la entidad se niega a entregar los fondos que durante años depositaron como parte de sus ahorros y certificados a plazo fijo.
Algunos de los afectados han interpuesto avisos formales ante la Fiscalía General de la República (FGR), institución que ya habría recibido más de 100 denuncias relacionadas al mismo caso. Los denunciantes han presentado comprobantes de sus avisos y afirman que se han enfrentado a largas jornadas y obstáculos para intentar recuperar su dinero. También se han conocido varias denuncias a través de redes sociales.
Denuncian restricciones arbitrarias
Entre las prácticas más criticadas se encuentra una supuesta limitación semanal de retiros, de apenas $150 por persona, y únicamente para quienes logran ser de los primeros en llegar a las sucursales cada día. Algunos socios relatan que deben llegar desde la madrugada para intentar acceder a esa cantidad mínima. “Nos tratan como si estuviéramos mendigando nuestro propio dinero”, expresó uno de los denunciantes que pidió reserva de identidad.
Además, los socios sostienen que desde hace tres años no reciben informes financieros ni estados de cuenta por correo electrónico, lo que impide conocer la situación financiera real de la cooperativa. “Nos han dejado a ciegas. No sabemos si nuestros fondos están disponibles, invertidos o simplemente desaparecieron”, añadió otra afectada, quien fue desalojada por seguridad privada tras reclamar sus fondos durante la convocatoria de la 58ª Asamblea General el pasado 7 de mayo.
“Depuración de socios”: ¿reestructuración o exclusión?
La raíz de la crisis, según las autoridades de COASPAE, es el “pánico financiero” que provocó el caso COSAVI, otra cooperativa que colapsó recientemente, lo cual llevó a más de 200 socios a solicitar el retiro de sus fondos. El director ejecutivo, Julio Alberto Linares, reconoció el jueves una “crisis de liquidez”, pero aseguró que existen condiciones para superarla.
No obstante, los denunciantes cuestionan que la supuesta “depuración de socios”, anunciada por la cooperativa en enero como parte de su transición hacia un banco cooperativo, es una maniobra para deshacerse de quienes exigen transparencia. “Solo están sacando a los que consideran problemáticos. No hay claridad en el proceso ni en los criterios”, denunció un exsocio que afirma tener $50,000 retenidos.
¿Qué dice la institución?
En respuesta a las acusaciones, COASPAE convocó a medios de comunicación para desmentir que exista una negativa sistemática de entregar los ahorros. Aseguran que el flujo limitado responde a la iliquidez temporal y no a una intención de apropiarse de los fondos. Además, anunciaron que este viernes 9 de mayo, durante su 58ª Asamblea General, someterán a votación reformas a sus estatutos, con el fin de establecer “mecanismos más equitativos de pago” y prevenir futuras crisis.
Análisis: Falta de supervisión efectiva y pérdida de confianza
El caso COASPAE revela vacíos críticos en la supervisión del sistema cooperativo salvadoreño, especialmente tras la disolución del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop), que ha dejado a miles de ahorrantes sin un ente regulador fuerte que garantice sus derechos. La falta de transparencia, la ausencia de información financiera actualizada y los límites arbitrarios de retiro alimentan una crisis de confianza que amenaza con extenderse a otras entidades similares.
A medida que los socios buscan justicia en la Fiscalía, el caso plantea preguntas urgentes sobre la sostenibilidad y gobernanza del sistema cooperativo en El Salvador. Para muchos, la promesa de inclusión financiera y ahorro colectivo se ha convertido en una experiencia de incertidumbre, frustración y pérdida.
