La agencia calificadora Fitch Ratings ratificó este jueves la nota soberana de El Salvador en ‘B-’, manteniendo una perspectiva estable, en un contexto marcado por una mejora gradual en la posición fiscal del país y una reducción de las restricciones de financiamiento, apoyadas principalmente por el programa vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según la evaluación, la estabilidad de la calificación responde a factores como la menor presión de financiamiento externo, la disciplina macroeconómica asociada al régimen de dolarización y un ingreso per cápita que continúa siendo superior al de economías comparables con similar calificación crediticia.
Fitch destacó que la economía salvadoreña mostró una aceleración del crecimiento real del PIB, pasando de 2.6 % en 2024 a 3.9 % en 2025, impulsada por el dinamismo de la inversión y el consumo privado, especialmente el asociado a las remesas. Para 2026, la agencia proyecta una moderación del crecimiento hacia el 3 %.
En materia inflacionaria, Fitch estima un incremento hacia el 2.4 % en 2026, presionado principalmente por el comportamiento esperado en los precios internacionales de los combustibles.
Riesgos fiscales y retos estructurales
A pesar de la mejora en ciertos indicadores, la calificadora advirtió que el perfil fiscal del país continúa condicionado por una elevada carga de deuda pública y costos financieros significativos. Además, señaló que persisten vulnerabilidades derivadas de la reestructuración del sistema de pensiones realizada en 2023.
Uno de los puntos críticos señalados por Fitch es la incertidumbre en torno a la continuidad del programa con el FMI, debido a retrasos en la implementación de reformas clave, particularmente la reforma al sistema de pensiones prevista para febrero de 2026.
La agencia recordó que, aunque la primera revisión del programa en marzo de 2025 cumplió con la mayoría de objetivos establecidos, las siguientes evaluaciones —programadas para septiembre de 2025 y marzo de 2026— aún no han sido completadas.
En su análisis, Fitch consideró que los retrasos obedecen más a incumplimientos en hitos estructurales, como la reforma previsional y aspectos vinculados al uso de bitcoin, que a un deterioro macroeconómico general.
Asimismo, advirtió que nuevos atrasos podrían generar presiones sobre los mercados financieros y reducir la flexibilidad de financiamiento del país. También señaló la obligación futura de retomar pagos de intereses vinculados a la deuda previsional a partir de 2027.
Pensiones, elecciones y presión fiscal futura
El informe también hace referencia a un estudio actuarial reciente que evidencia un déficit creciente en el sistema de pensiones, así como el posible agotamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria hacia 2029.
Fitch alertó que el entorno político previo a las elecciones generales podría dificultar la implementación de reformas estructurales exigidas en el marco del programa con el FMI. A esto se suma la presión fiscal derivada del vencimiento del período de gracia en el pago de intereses de los bonos previsionales en 2027.
En cuanto al debate sobre bitcoin, la calificadora señaló que este factor ha complicado la relación con el FMI, aunque considera que no ha comprometido el programa, ya que el país ha cumplido con medidas relevantes, como la prohibición del uso de la criptomoneda para el pago de impuestos.
