El inicio en funciones de la Asamblea Legislativa para el período de 2021 a 2024 generó cambios inmediatos en el sistema judicial del país; muestra de ello, la destitución y nueva elección de magistrados propietarios para la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Un porcentaje considerable de la población y sectores empresariales, esperan que la decisión legislativa traiga cambios contundentes en la operatividad del sistema judicial del país, iniciando por la resolución de casos que por años han estado en el olvido o en instancias administrativas que han dilatado su termino.
A la Corte Suprema de Justicia le compete, exclusivamente, la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso-administrativo, así como en las otras que determine la ley.
Uno los casos que se espera que se solventen es el de la empresa dedicada al rubro de los pesticidas QUIMAGRO y el Banco de Comercio, ahora Cuscatlán, que inició en 1984, sobre el cual la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia definitiva en la que condena al banco demandado al pago de una indemnización por daños y perjuicios a QUIMAGRO, S.A. de C.V. y a ejercer su liquidación en juicio ordinario, lo cual hasta la fecha no se ha realizado.
Esto a raíz de que las atribuciones que tiene la Corte Suprema de Justicia son conocer de los procesos de amparo; ordenar el curso de los suplicatorios o comisiones rogatorias que se libren para practicar diligencias fuera del Estado y mandar a cumplimentar los que proceden de otros países, sin perjuicio de los dispuesto en los tratados; conceder la extradición; conceder conforme a la ley el permiso para la ejecución de sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros; vigilar que se administre pronta y cumplida justicia; y nombrar a los Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia y Jueces.
Durante el desarrollo de este proceso, se dio a conocer, a través de documentos públicos, que un alto gerente regional del SCOTIABANK (ahora Banco Cuscatlán) pidió reunirse con magistrados de la Sala de lo Constitucional, en el año 2019. Junto con él, Carlos Quintanilla Smith, ex Vice Presidente de la República y director de SCOTIABANK, para esa fecha, así como Gustavo Campos, director jurídico del banco, y ex Coordinador de la Sala de lo Constitucional; como resultado, se presume que el banco con “prácticas abusivas y dilatorias”, como haber adquirido Scotiabank El Salvador, se aferra a evitar una deuda que debe pagar.
Además, la destitución de los cinco magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional y sus cinco suplentes, se basa en que también fueron señalados de emitir una serie de resoluciones que pusieron en peligro la vida de la población durante el punto más complicado de la pandemia provocada por la COVID-19.
Por su parte, Banco Cuscatlán no solo tiene procesos o litigios pendiente con el Órgano Judicial; sino también, con otras instancias gubernamentales como la Defensoría del Consumidor, la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, entre otros procesos por responsabilidad civil, promovidos por la Fiscalía General de la República.
