Un estudio del Observatorio MYPE de la Escuela de Empresarios Líderes (LID) reveló que 274,435 microempresarios se autoexcluyen del sistema financiero formal, recurriendo a prestamistas informales que controlan el 52.8% de un mercado de usura que alcanzó los $617.6 millones en 2022. Las tasas efectivas anuales reportadas oscilan entre 1,869% y 13,564%, superando más de 20 veces el límite legal del 82.7%, lo que profundiza la vulnerabilidad financiera de la microempresa.
El estudio indica que el 79.1% de estos microempresarios ya mantiene créditos informales, motivados por urgencias familiares, capital operativo o deudas previas. “Se configura un círculo vicioso que condena al productor a una rentabilidad negativa permanente”, señala el informe. El fenómeno más crítico se da en el sector pesquero: el 94.8% de los productores no solicitó créditos bancarios, no por falta de necesidad, sino por autoexclusión, al asumir que no cumplirían con los requisitos financieros formales.
Ernesto Orellana, microempresario, advierte que esta limitación impacta directamente en la competitividad: “A diferencia de productores grandes que pueden invertir más y obtener mejores precios, los micro y pequeños productores no tienen esa posibilidad. Solo un 10% o 15% puede invertir lo suficiente para mejorar su margen”.
Una oportunidad digital para la inclusión financiera
A pesar de que el 50.2% de las MYPE tiene cuenta bancaria, solo el 30% la mantiene activa, especialmente en el segmento de microempresarios de subsistencia. En este contexto, la plataforma digital 365Pay, desarrollada por el Banco Central de Reserva (BCR), aparece como una herramienta clave para facilitar el acceso al crédito formal.
365Pay permitirá transacciones seguras mediante códigos QR, identificación biométrica vinculada al DUI y pagos en tiempo real, así como la recepción de subsidios, con acceso gratuito desde cualquier dispositivo con internet. Según el BCR, la plataforma busca bancarizar al 72% de la población actualmente no bancarizada en El Salvador.
El Observatorio MYPE concluye que el combate a la usura depende de una inclusión financiera efectiva, que combine mecanismos formales ágiles, tasas justas y normas diferenciadas para microempresas, junto con la digitalización de pagos. Solo así será posible romper la dependencia estructural frente al crédito informal y las prácticas de usura.
