La contracción en el desempeño de las Instituciones Financieras No Bancarias Reguladas (IFNBR) en El Salvador ha tomado fuerza entre 2024 y los primeros cinco meses de 2025, en un contexto marcado por el ajuste fiscal y la reducción de la planilla estatal.
De acuerdo con la agencia calificadora Pacific Credit Rating (PCR), el sector registró caídas del 1 % en 2024 y del 7 % a mayo de 2025. El recorte de más de 14,000 plazas en el sector público —como parte del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar un ajuste del 3.5 % del PIB— ha reducido la capacidad de pago de un segmento importante de clientes y socios de estas entidades, deteriorando la calidad de las carteras y elevando la morosidad.
Ante este panorama, las IFNBR han endurecido sus criterios de colocación de crédito, lo que también ha incidido en la desaceleración de sus activos, patrimonio y financiamiento.
El retroceso se produce en paralelo a la intervención de la Fiscalía General de la República y la Superintendencia del Sistema Financiero en la cooperativa de ahorro y crédito COSAVI, investigada por un presunto desfalco de $35 millones. Aunque este caso no ha sido vinculado directamente a la caída del sector, sí ha motivado reformas estructurales.
En 2024, la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de cinco leyes para fortalecer el control y la supervisión del sistema cooperativo. Entre las nuevas disposiciones, que aún no entran en vigor, destacan mayores requisitos de capital, límites a la concentración de crédito, facultades de intervención y disolución, restricciones a la distribución de excedentes sin respaldo contable, así como la exigencia de que los directivos cumplan criterios de idoneidad y ausencia de conflictos de interés.
La combinación del ajuste fiscal, el endurecimiento regulatorio y la cautela crediticia plantea un escenario desafiante para las financieras no bancarias, que deberán adaptarse a un entorno de menor dinamismo económico y mayor supervisión.
