La Asamblea Legislativa aprobó dos decretos que establecen disposiciones especiales para otorgar incentivos fiscales a empresas y contratistas que participen en proyectos estratégicos de saneamiento ambiental. Las iniciativas comprenden la instalación de una planta de biogás en el río Acelhuate y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en La Libertad.
Energía limpia a partir del Acelhuate
Con 59 votos, los legisladores dieron luz verde al proyecto de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) para instalar una planta de generación eléctrica con biogás en la ribera del río Acelhuate, entre Ciudad Delgado y Cuscatancingo.
La normativa concede exoneraciones fiscales en todas las fases de ejecución, incluyendo planificación, construcción, operación y recepción final. Estas incluyen la liberación del pago de IVA, derechos arancelarios e Impuesto sobre la Renta, además de beneficios en la transferencia de terrenos y trámites ante el Centro Nacional de Registros.
El proyecto tendrá una capacidad instalada de 5.43 megavatios, combinando biogás, energía hidroeléctrica y fotovoltaica. Más del 85 % de la energía producida será inyectada a la red nacional, equivalente al consumo de unas 21,000 familias. Asimismo, permitirá tratar hasta el 70 % de las aguas residuales del Área Metropolitana de San Salvador, lo que contribuirá a mejorar la calidad de los ríos Urbina, Tomayate, Acelhuate y Lempa.
Desde una perspectiva económica, el esquema de incentivos fiscales busca reducir los costos de inversión y acelerar el inicio de operaciones, a la vez que genera un impacto positivo en la matriz energética nacional mediante la diversificación y el uso de energías renovables.
Tratamiento de aguas residuales en La Libertad
El segundo decreto, aprobado con 60 votos, establece beneficios fiscales para las empresas que participen en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del río Chilama y la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en el distrito de La Libertad.
La obra, que estará a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP), contempla cinco estaciones de bombeo, una planta de tratamiento y 764 pozos, beneficiando a unas 8,000 familias de la zona. Además de mejorar el recurso hídrico, se espera que la iniciativa fortalezca la actividad turística y genere condiciones más sostenibles para el desarrollo económico local.
Al igual que en el proyecto del Acelhuate, los contratistas estarán libres de impuestos sobre transferencia de bienes, prestación de servicios, compra de maquinaria y materiales. También estarán exonerados de cargas fiscales sobre utilidades derivadas exclusivamente del proyecto, así como de impuestos municipales.
Un enfoque económico y ambiental
Ambos proyectos representan un esfuerzo de política pública para incentivar la inversión privada en infraestructura estratégica, con un doble impacto: por un lado, mejorar la calidad ambiental y sanitaria, y por otro, dinamizar sectores como el energético, la construcción y el turismo.
El esquema de exenciones fiscales, aunque supone una reducción temporal en la recaudación, se proyecta como un estímulo para atraer inversión y garantizar que las obras se ejecuten con mayor eficiencia y rapidez. A largo plazo, se espera que estas iniciativas generen retornos económicos a través de ahorros en salud pública, fortalecimiento del turismo y una mayor competitividad del país en el campo de las energías renovables.
