El GOES aprobó una nueva ley que involucra directamente a las organizaciones que reciben dinero o ayuda desde el extranjero: Ley de Agentes Extranjeros, la cual establece un impuesto del 30 % sobre toda donación o apoyo internacional, ya sea en dinero, bienes materiales o productos importados.
Esta medida afecta principalmente a ONGs, fundaciones y asociaciones que operan en el país con financiamiento extranjero. Además del nuevo impuesto, la ley impone restricciones al uso de estos fondos, exige un registro obligatorio ante el Estado y establece multas de hasta 200 mil dólares por incumplimientos.
Estos son los puntos importantes para entender esta ley:
- Las ONGs deben declarar con anticipación en qué van a usar los fondos recibidos.
- No podrán cambiar el uso de ese dinero sin avisar antes a las autoridades.
- Está prohibido recibir donaciones anónimas.
- Toda organización que reciba fondos del exterior deberá pagar un impuesto del 30 % sobre esos recursos.
Creación del RAEX: Registro de Agentes Extranjeros
Con esta ley, nace un nuevo sistema estatal llamado RAEX, que dependerá del Ministerio de Gobernación. Todas las organizaciones que reciban financiamiento extranjero deberán registrarse ahí y cumplir con lo siguiente:
- Presentar una declaración jurada con la información requerida.
- Enviar informes periódicos sobre cómo usan los fondos.
- Llevar su contabilidad bajo reglas estrictas y justificar el origen y uso del dinero.
El RAEX también podrá auditar a las organizaciones, pedirles más información, aprobar o rechazar su registro, y definir qué tipo de actividades pueden hacer según su tamaño o sector.
Multas por incumplimiento
Las sanciones por no cumplir con esta ley son fuertes:
- No registrarse o no dar información a tiempo puede costar entre $100,000 y $150,000.
- Incumplir reglas clave, como usar los fondos sin permiso o aceptar donaciones anónimas, puede generar multas de hasta $200,000.
Más control y más impuestos
Además de recaudar más dinero, la ley le da al Ejecutivo poderes amplios para regular cómo se aplicará esta norma, sin necesidad de pasar por la Asamblea Legislativa.
El objetivo del Gobierno, según la ley, es tener mayor vigilancia sobre el dinero que entra al país desde el extranjero, sobre todo aquel que llega a organizaciones que podrían influir en temas sociales o políticos,