Durante el período vacacional de Semana Santa, la Defensoría del Consumidor desplegó a más de 120 profesionales para realizar inspecciones en establecimientos comerciales a nivel nacional, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección al consumidor.
El titular de la institución, Ricardo Salazar, informó que se ejecutaron un total de 555 verificaciones, enfocadas principalmente en la revisión de precios, fechas de vencimiento de productos y mecanismos de atención al cliente.
Entre los principales hallazgos destaca la falta de información visible sobre canales de atención, así como la detección de productos vencidos en 63 casos. Según detalló el funcionario, la mayoría de estos incumplimientos se registraron en áreas de cocina, lo que representa un riesgo directo para los consumidores.
Además, la institución atendió denuncias relacionadas con empresas de alquiler de vehículos que aplicaban cargos no informados previamente, una práctica que afecta la transparencia en el mercado de servicios turísticos.
Salazar advirtió que, tras los hallazgos, se procederá a imponer sanciones conforme a la gravedad de las infracciones. En ese sentido, recordó que la Ley de Protección al Consumidor contempla multas que pueden alcanzar hasta 500 salarios mínimos en los casos más severos.
Impacto económico y control de mercado
En lo que va de 2026, la Defensoría acumula más de 6,700 verificaciones a nivel nacional. Solo en el primer trimestre, las sanciones impuestas superaron los $900,000, evidenciando un incremento en la fiscalización y en la aplicación de medidas correctivas.
Este comportamiento refleja una mayor presión regulatoria sobre los comercios, especialmente en temporadas de alta demanda como Semana Santa, donde el consumo se dinamiza y aumenta el riesgo de prácticas abusivas.
El refuerzo de inspecciones forma parte de una estrategia institucional orientada a fortalecer la confianza del consumidor y promover condiciones más equitativas en el mercado salvadoreño.
