A partir del 1 de junio, entró en vigencia un nuevo aumento del 12 % en el salario mínimo en El Salvador, aprobado por el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM), órgano tripartito que reúne a representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores. Esta medida beneficiará a más de 500,000 empleados en sectores clave para la economía nacional como industria, comercio, servicios, maquila textil y actividades agrícolas.
Con este ajuste, los trabajadores de los sectores industria, comercio y servicios recibirán un salario mensual de $408.80, mientras que los empleados de maquila textil y confección percibirán $402.32. En el ámbito agrícola, los nuevos montos establecidos son:
- Recolección de caña de azúcar: $305.23
- Beneficio de café: $305.23
- Recolección de café: $272.53
- Actividades agropecuarias, pesca y otras: $272.53
El Ministerio de Trabajo ya ha comenzado a implementar un operativo nacional para verificar la aplicación obligatoria del incremento. “Será un despliegue masivo para garantizar el cumplimiento”, aseguró el titular de la cartera, Rolando Castro. El funcionario también advirtió que cualquier intento de evasión o deterioro de condiciones laborales a raíz del aumento será sancionado conforme a la legislación vigente.
Desde el sector empresarial, la medida ha sido recibida positivamente. Jorge Arriaza, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), destacó el consenso alcanzado: “Se logró una decisión unánime, lo cual es fundamental para mantener la estabilidad y fomentar el crecimiento económico”.
Este ajuste salarial no solo responde al mandato legal de revisar el salario mínimo cada tres años, sino que también se enmarca dentro de una estrategia para fortalecer la capacidad de consumo de los hogares salvadoreños y estimular la demanda interna, uno de los motores clave para la recuperación económica del país.
El gobierno, quien propuso el aumento en abril, recordó que este es el segundo ajuste durante su mandato. Sumado al incremento del 20 % en 2021, el salario mínimo ha crecido un 32 % bajo su administración, una cifra que impacta directamente en los ingresos de las familias y en el dinamismo de sectores como el comercio y los servicios.
Economistas locales advierten que, si bien la medida puede representar un reto para pequeñas empresas, también podría traducirse en mayor formalización laboral y en un impulso a la productividad, siempre que se acompañe de políticas de apoyo empresarial.