El Presupuesto General del Estado 2026 marca un giro relevante en la política de apoyo al agro salvadoreño. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) destinó $58,004,402 al Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario, una asignación que consolida a esta unidad como la responsable directa de ejecutar el Bono Agrícola (BAG), principal herramienta gubernamental para respaldar la producción de granos básicos.
La cifra representa un salto significativo frente a los $6 millones aprobados en 2025 para la misma unidad presupuestaria. Durante ese ejercicio fiscal, el Bono Agrícola no contó inicialmente con una partida específica y fue hasta mayo cuando la Asamblea Legislativa autorizó una reforma por $30 millones, fondos que se incorporaron al MAG y se canalizaron al Centro a través de la Unidad de Apoyo a Instituciones Adscritas.
Para 2026, el aumento responde a un reordenamiento interno de funciones dentro del ministerio. El Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario deja de concentrar responsabilidades relacionadas con mercados, logística y centrales de abasto, y se especializa en la administración del bono. En paralelo, las políticas de abastecimiento y comercialización pasan a la Dirección General de Vinculación Territorial y Abastecimiento (DGVTA).
De acuerdo con el Presupuesto General del Estado, la línea de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria contará con $60.9 millones, equivalentes al 32.25% del total asignado al MAG, que asciende a $188,907,851. Esta partida incluye la operación de agromercados y centrales de abasto, ahora fuera del ámbito del Centro de Desarrollo de Comercio Agropecuario.
El Bono Agrícola sustituyó en 2024 al tradicional programa de paquetes agrícolas. En lugar de entregar insumos predeterminados, el MAG implementó una tarjeta con un valor de $75, permitiendo a los productores decidir qué insumos adquirir según sus necesidades productivas. La logística del programa, que durante años se ejecutó a través de las alcaldías, fue centralizada desde 2020 bajo la administración directa del ministerio.
Opiniones divididas en el sector
El rediseño del esquema de apoyo genera lecturas encontradas entre organizaciones productivas y comunidades rurales. Luis Treminio, presidente de la Asociación de Productores de El Salvador (CAMPO), sostuvo que el modelo anterior incentivaba la producción nacional de semillas y reducía la dependencia de insumos importados. En su evaluación, el bono tiende a favorecer a empresas transnacionales que dominan el mercado agrícola.
“Una parte de estos recursos termina beneficiando a personas que no producen. Si no se depuran bien los listados, el dinero no llegará a quienes realmente siembran”, advirtió Treminio, quien además alertó que un incremento en los precios de los insumos podría limitar la capacidad de siembra y afectar la producción local.
Desde otra perspectiva, Delmi Rodríguez, presidenta de la ADESCO del cantón Ánimas Arriba, caserío Las Lomitas, en La Paz, considera que el bono representa una mejora frente al esquema anterior. “Con el bono uno compra lo que realmente necesita. Antes solo me alcanzaba para sembrar maíz; ahora puedo invertir en otros cultivos”, explicó.
El fuerte incremento presupuestario y la redefinición de roles dentro del MAG colocan al Bono Agrícola en el centro del debate económico y productivo para 2026, en un contexto donde la eficiencia del gasto público y el impacto real sobre la seguridad alimentaria seguirán bajo la lupa del sector agropecuario.
