La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma clave a la Ley Bitcoin, poniendo fin a la obligación de aceptar esta criptomoneda para los agentes económicos del país. La reforma, que modifica los artículos 1 y 7 de la ley vigente desde septiembre de 2021, establece que las transacciones con Bitcoin serán ahora de aceptación voluntaria entre personas naturales o jurídicas, limitando la participación exclusivamente al sector privado.
El artículo 1 de la ley reformada dictamina que las transacciones con Bitcoin serán posibles únicamente con «aceptación voluntaria», eliminando la obligatoriedad que incluía a las instituciones públicas. Además, el artículo 7, que originalmente imponía que «todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido», fue modificado para permitir que las empresas decidan si aceptan o no la criptomoneda.
Una de las modificaciones más significativas es la eliminación de la referencia a Bitcoin como moneda de curso legal, junto con la derogación de artículos que permitían el pago de impuestos con Bitcoin y la obligación del Estado de proporcionar mecanismos para realizar transacciones con la criptomoneda.
La reforma, que fue propuesta por el presidente Nayib Bukele, también establece que la deuda local o internacional adquirida por el gobierno salvadoreño deberá ser pagada en la moneda en que fue contraída, eliminando así la vinculación del Bitcoin a las finanzas estatales. Además, el gobierno de Bukele dejará de proporcionar la convertibilidad automática de Bitcoin a dólares a través del fideicomiso estatal y la billetera Chivo Wallet, que, según la directora de la Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador, Stacy Herbert, será «vendida» o «descontinuada.»
A pesar de la popularidad del presidente Bukele, la adopción del Bitcoin ha sido rechazada por gran parte de la población salvadoreña. En 2024, diversos estudios revelaron que el 92% de los ciudadanos no utilizó Bitcoin, alcanzando su nivel más bajo de uso desde su introducción en 2021.
La reforma llega poco después de que El Salvador alcanzara un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de 1.400 millones de dólares, en el cual el FMI incluyó como una de las condiciones la reducción de la adopción del Bitcoin en el país.
A pesar de la disminución en el uso del criptoactivo, el gobierno ha asegurado que el Bitcoin continuará siendo parte del marco legal, pero su uso se limitará a inversiones del sector privado.
