El Salvador ha dado un paso significativo al aprobar la Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana, estableciendo un marco legal innovador para promover el retorno o la estadía temporal de salvadoreños residentes en el extranjero. Esta legislación representa un avance importante no solo a nivel nacional, sino también en la región centroamericana, ya que convierte a El Salvador en el primer país de la subregión en contar con una norma específica sobre movilidad humana, igualándose a países latinoamericanos como Ecuador y Colombia.
La nueva ley reemplaza la anterior Ley Especial Transitoria de Incentivos y Tratos Preferenciales, que otorgaba beneficios fiscales de hasta $70,000 en menaje de casa, ampliando ahora este incentivo hasta un valor máximo de $100,000. Este menaje de casa se define como el conjunto de muebles y accesorios que sirven exclusivamente para uso familiar en una vivienda, y su importación estará completamente exenta de impuestos siempre que no supere ese monto.
Para facilitar el retorno, la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (INVEST), junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía (MINEC), desarrollarán programas específicos que fomenten la inversión de salvadoreños en el exterior, fortaleciendo así el vínculo económico con la diáspora.
Además, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social implementará un registro denominado “Empleos para Salvadoreños Retornados”, que servirá para inscribir a empleadores que deseen ofrecer oportunidades laborales bajo el amparo de esta ley, generando así mayores incentivos para la reinserción laboral.
Para garantizar la adecuada coordinación y seguimiento de esta política, se creará el Mecanismo de Coordinación Nacional sobre Movilidad Humana, liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana. Este mecanismo integrará a varias instituciones clave, incluyendo Hacienda, Justicia y Seguridad Pública, Trabajo, INVEST, CONNA y la Procuraduría General, asegurando un enfoque integral para la atención y protección de los retornados.
Un aspecto relevante de la ley es la autorización para la importación libre de impuestos de hasta dos vehículos livianos en perfecto estado para uso personal, con la condición de mantenerlos en propiedad durante al menos dos años, plazo tras el cual pueden ser transferidos. En caso de incumplimiento, se revocarán los beneficios fiscales y se exigirán los pagos correspondientes. Para uso laboral, la ley contempla la exención de aranceles para vehículos y herramientas de trabajo, incluyendo insumos y equipos relacionados con la actividad productiva del retornado, dentro del primer año de regreso.
Esta normativa no solo facilita el retorno físico y económico de la diáspora, sino que también fortalece la cooperación internacional y el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de movilidad humana. Así, El Salvador se posiciona como un país con políticas progresistas y estructuradas para aprovechar el potencial de su población migrante en beneficio del desarrollo nacional.
