El gobierno salvadoreño, a través del Ministerio de Hacienda, desembolsó $1,517.7 millones en 2024 para el pago de intereses de la deuda pública, según estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR). Este monto es el más alto desde 1990, el primer año disponible en la base de datos del BCR, y representa un aumento del 14.06 % respecto a los $1,330.5 millones registrados en 2023.
La carga de intereses representó un 20 % de los ingresos tributarios netos del Estado en 2024, principal fuente de financiamiento del gobierno. Frente al total de ingresos y donaciones, el pago de intereses significó un 16.8 % de los más de $9,027.9 millones recaudados en tributos, contribuciones y transferencias del exterior.
El impacto de una alta carga de intereses
El peso de los intereses de la deuda refleja tanto el nivel de endeudamiento como el costo de financiamiento del gobierno. Economistas advierten que esta carga reduce los recursos disponibles para otras áreas clave, como la inversión pública, que en 2024 alcanzó los $1,300 millones, con una reducción del 1.4 % respecto al año anterior.
Las últimas emisiones de bonos de El Salvador han salido al mercado con tasas superiores al 9.5 %. En 2024, el gobierno colocó dos emisiones por $1,000 millones cada una. Fitch Ratings, al mejorar la calificación del país de ‘CCC+’ a ‘B-‘, destacó que los costos de financiamiento han aumentado debido a una extensión de los vencimientos en la reestructuración de deuda.
Sin embargo, el pago de intereses ha recibido cierto alivio gracias a un período de gracia de cuatro años sobre la deuda relacionada con pensiones, tras un canje con los fondos de pensiones privados (AFP) en mayo de 2023, según Fitch.
El papel del FMI en la estabilidad fiscal
Para reducir la presión de la deuda, el gobierno alcanzó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1,400 millones. Dicho acuerdo establece un ajuste fiscal de 3.5 puntos del PIB en tres años, con el objetivo de consolidar las finanzas públicas y reducir la carga de intereses en relación con los ingresos del país.
La implementación de estas medidas será clave para mejorar la calificación crediticia de El Salvador y garantizar la sostenibilidad de su deuda en el mediano plazo.
