El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llevará a cabo una evaluación en los próximos días para analizar las regulaciones de El Salvador en la lucha contra el lavado de dinero, con el fin de prevenir actividades delictivas desde diversos sectores de la vida nacional.
Este proceso se realiza de manera periódica cada año, pero en esta ocasión, El Salvador se encuentra en medio de una serie de actualizaciones y modificaciones en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, la cual aún está pendiente de diálogo en la Asamblea Legislativa.
«Walter Morales, experto y Director en riesgos financieros y cumplimiento del centro educativo Yancor Coaching & Mentory, señala: ‘Es necesario realizar una revisión para completar ciertas características en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de cara a la revisión que GAFI llevará a cabo para evaluar el cumplimiento del país en la lucha contra el crimen organizado y otros actos delictivos en el manejo de fondos por parte de empresas, partidos políticos, organizaciones u otros sujetos obligados, con el fin de transparentar las gestiones financieras'».
GAFI es una institución intergubernamental creada en 1989 por el entonces G8, con el propósito de desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Morales afirma: «La actividad delictiva no se detendrá solo con una Ley, debe haber cumplimiento ético y regulaciones efectivas para los diferentes sujetos obligados. Aunque en las modificaciones salgan del mapa algunos sujetos obligados, como Importadores o Exportadores de Productos e Insumos Agropecuarios, Sociedades Emisoras de Tarjetas de Crédito, Coemisores y Grupos, pero están incluidas personas que otorguen cualquier tipo de financiamiento, las empresas constructoras, empresas privadas de seguridad e importadoras de armas de fuego, empresas hoteleras, partidos políticos, proveedores de servicios societarios y fideicomisos, organizaciones no gubernamentales, inversionistas nacionales e internacionales, droguerías, laboratorios farmacéuticos y cadenas de farmacias, asociaciones, consorcios y gremios empresariales, cualquier otra institución privada o de economía mixta, y sociedades mercantiles, que tienen una gran influencia en las transacciones y deben autorregularse para evitar caer en actos criminales».
Según GAFI y la propuesta de regulación en las actualizaciones presentadas a la Ley, los sujetos obligados que se han incluido son tres: instituciones financieras, actividades profesionales no financieras y proveedores de servicios digitales. Además, se han incluido otros como la venta de vehículos nuevos y usados, así como la venta de repuestos.
«Sin embargo, se han dejado fuera a las organizaciones sin fines de lucro, algo que GAFI pide en el artículo 8 de sus recomendaciones, y es algo que debe ser valorado para no dejar vacíos en la prevención del lavado de dinero», puntualizó el Director de Yancor Coaching & Mentory.
Actualmente, las actualizaciones a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Activos se encuentran en debate en la Asamblea Legislativa.
