La compañía canadiense First Quantum Minerals informó que inició un proceso arbitral internacional para «proteger sus derechos», luego de que el contrato de concesión de la mayor mina de cobre de Centroamérica fuera declarado «inconstitucional» por la Corte Suprema panameña.
La aprobación del contrato minero por parte del Congreso panameño el 20 de octubre desató protestas, bloqueos de rutas y brotes de violencia que semiparalizaron al país durante más de un mes, y terminaron tras el fallo dictado por la Corte el martes.
First Quantum «inició un arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje para proteger sus derechos bajo el acuerdo de concesión 2023 que el gobierno de Panamá firmó […] este año con la empresa. El acuerdo de arbitraje establece que el arbitraje se llevará a cabo en Miami, Florida (EEUU)», dijo la compañía en un comunicado.
La Corte Internacional de Arbitraje es un ente autónomo de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.
La empresa, que cuantifica su inversión en Panamá en más de US$10.000 millones, había notificado al gobierno antes del fallo su «intención» de «presentar demandas arbitrales», al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá de 2013.
Algunos expertos panameños creen que para el gobierno sería más fácil defender su postura tras el fallo, ya que podrá alegar que la sentencia le llevó a romper el contrato. Si Panamá pierde el arbitraje, se arriesga a tener que pagar indemnizaciones multimillonarias.
Contratos laborales
Tras el fallo, el presidente panameño, Laurentino Cortizo, prometió un cierre «ordenado y seguro» de la mina a cielo abierto situada en el Caribe, que produce desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales. El volumen representa el 75 % de las exportaciones panameñas y el 5 % del Producto Interno Bruto del país.
Sin embargo, los ambientalistas, que convocaron a protestar y presentaron recursos de «inconstitucionalidad» ante la Corte Suprema, afirman que daña severamente el medioambiente y que «Panamá vale más sin minería».
First Quantum pidió el jueves al Ministerio del Trabajo de Panamá suspender los contratos de unos 7.000 empleados para dejar de pagar los salarios, lo que fue rechazado por el sindicato de trabajadores de la minera.
Las autoridades no han respondido la solicitud de la empresa, que además genera unos 33.000 empleos indirectos, cuyo futuro también es incierto.
La empresa justificó el pedido de suspender los contratos diciendo que por «bloqueos ilegales» en días pasados en caminos de acceso y en el puerto que sirve a la mina, tuvo que «suspender temporalmente la producción». La situación «ha afectado nuestra capacidad para mantener las actividades laborales», añadió.
En otra secuela del fallo, el ministro panameño de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, máximo responsable de la negociación del contrato minero, renunció el jueves y advirtió que la decisión de la Corte puede «acarrear serias consecuencias para el país».
«El fallo de inconstitucionalidad […] podría acarrear serias consecuencias para el país», declaró, mencionando la pérdida de empleos, arbitrajes internacionales, pérdida del grado de inversión del país determinado por calificadoras de riesgo «y otros más que han sido ampliamente advertidos».
