El desempeño de las finanzas públicas salvadoreñas mantiene una tendencia favorable al cierre de agosto de 2025. Los datos más recientes del Ministerio de Hacienda (MH) confirman que la recaudación total alcanzó los $5,786.1 millones, cifra que no solo refleja un crecimiento interanual de 8.2 %, sino que también superó en $43.6 millones la meta prevista para este periodo.
El dinamismo de los ingresos corrientes y las contribuciones —sostenidos principalmente por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISR)— fue decisivo en este resultado. Ambos rubros acumularon $5,755.6 millones, frente a los $5,326.8 millones registrados en igual lapso de 2024.
El IVA, tributo ligado al consumo y considerado un termómetro de la actividad económica, aportó $2,525.9 millones, es decir, $208.9 millones más que en 2024, lo que representa un incremento de 9 %. En tanto, el ISR cerró con una recaudación de $2,475.9 millones, un aumento de 7 %, explicado por mayores declaraciones, retenciones y pagos a cuenta.
Otros gravámenes también reportaron avances significativos. Los derechos arancelarios a la importación sumaron $244.6 millones, con una variación positiva de 13.2 %. Los impuestos selectivos al consumo, aplicados a productos como bebidas alcohólicas y cigarrillos, totalizaron $160.5 millones, mientras que los impuestos varios, entre ellos el de transferencia de bienes raíces, ascendieron a $84.3 millones, lo que equivale a un alza de 15.9 %.
En el caso de las contribuciones especiales —como las destinadas a Fovial, transporte público y promoción turística— la recaudación llegó a $55.6 millones, con un crecimiento de 5.1 %. A su vez, los ingresos no tributarios, vinculados a tasas, derechos y venta de servicios, alcanzaron $208.09 millones, un 6 % más que en 2024.
El comportamiento de la recaudación sugiere que la economía salvadoreña mantiene señales de dinamismo, respaldadas tanto por el consumo interno como por una gestión tributaria más estricta. De continuar esta tendencia, Hacienda podría cerrar el año con ingresos superiores a lo programado, lo que abre un margen adicional para el financiamiento de programas estatales y la sostenibilidad fiscal.
