Aunque parezca una reflexión pensada para los desafíos laborales del presente, la idea fue formulada hace más de un siglo por Otto von Bismarck, el histórico canciller alemán que ideó uno de los primeros sistemas de seguridad social modernos. Su propuesta era clara: que trabajadores y empleadores aportaran a un fondo común, para garantizar ingresos durante momentos de enfermedad, desempleo o vejez. Pero lo que funcionó en Europa no ha logrado consolidarse plenamente en América Latina y el Caribe (ALC).
Y es que el modelo bismarckiano partía de un supuesto: que la mayoría de los trabajadores eran asalariados formales. Sin embargo, en la realidad latinoamericana, esto ha sido más una excepción que la norma. Hoy, solo el 45% de los más de 300 millones de trabajadores de la región está vinculado a algún sistema de seguridad social. El resto —más de la mitad— se desempeña en condiciones que escapan al alcance de los sistemas contributivos tradicionales.
De acuerdo con datos del BID, solo el 34% de los trabajadores son asalariados en empresas privadas formales, y un 9% en el sector público. El resto está repartido entre empleos informales, trabajadores independientes, labores en negocios familiares sin remuneración directa y empleo doméstico, sectores con escasa o nula cobertura de seguridad social.
El caso de los trabajadores independientes es emblemático. Aunque algunos países, como Colombia o Ecuador, establecen su afiliación como obligatoria, una proporción importante permanece al margen. Entre las razones figuran el alto costo de las cotizaciones, la débil fiscalización y la percepción de que los beneficios no justifican el gasto. Incluso aquellos registrados ante autoridades fiscales suelen estar fuera del sistema.
Frente a esta realidad, los sistemas no contributivos —financiados con recursos públicos y dirigidos a personas en situación de pobreza— han crecido, pero su nivel de protección sigue siendo limitado.
Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se propone una hoja de ruta: reducir los costos de contratación, fortalecer la fiscalización, simplificar trámites, y adaptar la seguridad social a la heterogeneidad del trabajo en la región. El objetivo: convertirla en una opción valiosa para todos.
En este contexto, el BID anunció que a finales de 2025 publicará el libro “Producir más, distribuir mejor”, una propuesta integral para modernizar los sistemas laborales en ALC. Porque —como recordaba Bismarck— la necesidad de proteger a los trabajadores no es una cuestión del pasado, sino un desafío urgente para el futuro del trabajo en la región.
