El gobierno de El Salvador puso en marcha desde el 16 de octubre de 2025 una ley especial y transitoria que permite a contribuyentes y empresas regularizar sus deudas tributarias, aduaneras, de tránsito y otras multas pendientes. La medida, que estará vigente por un período limitado de 60 días, busca promover la recuperación de recursos para el Estado y fomentar la cultura de cumplimiento voluntario entre los sujetos pasivos de los tributos administrados por el Ministerio de Hacienda.
El decreto legislativo número 427, aprobado por la Asamblea Legislativa, establece que la amnistía fiscal cubrirá todas las obligaciones pendientes cuya fecha límite de liquidación o presentación haya vencido hasta el 31 de julio de 2025. La norma asegura que los contribuyentes que aprovechen este período podrán subsanar sus deudas sin enfrentar sanciones adicionales, generando un incentivo económico importante tanto para los ciudadanos como para la administración tributaria.
De acuerdo con expertos en economía, este tipo de mecanismos no solo mejora la recaudación fiscal en el corto plazo, sino que también contribuye a aliviar la carga administrativa de Hacienda al reducir la cantidad de cuentas morosas que deben ser procesadas. Además, la ley tiene el potencial de dinamizar la economía, ya que los contribuyentes que se regularicen podrían destinar recursos previamente destinados a multas o intereses a inversión, operación de negocios o consumo.
La vigencia de la medida concluirá el 14 de diciembre de 2025, fecha límite para que los interesados aprovechen los beneficios de la amnistía. Autoridades de Hacienda han enfatizado la necesidad de aprovechar esta ventana temporal, ya que pasado ese plazo se restablecerán las sanciones y recargos correspondientes a las obligaciones tributarias no regularizadas.
Analistas destacan que estas estrategias fiscales transitorias se han convertido en herramientas clave para mejorar la liquidez del Estado sin recurrir a aumentos en la presión tributaria. La implementación oportuna de la amnistía, sumada a campañas de información y orientación, podría fortalecer la confianza de los contribuyentes y fomentar un entorno de mayor formalidad económica en el país.
