La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este lunes, con 57 votos a favor, la segunda vuelta de un préstamo entre el Gobierno salvadoreño y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de $150 millones. Este financiamiento permitirá impulsar el Programa de Trayectorias Educativas Completas y su Resiliencia al Cambio Climático, orientado a expandir la cobertura educativa y mejorar la calidad del sistema escolar público, con especial atención a estudiantes en situación de vulnerabilidad y con discapacidad.
El contrato fue formalizado el pasado 6 de octubre, tras la autorización inicial por parte del Órgano Legislativo en agosto. Con esta segunda vuelta se completa el proceso legal necesario para la aprobación definitiva del crédito, un paso clave que garantiza la disponibilidad de los recursos para su ejecución inmediata.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, detalló que el programa beneficiará a más de 39,000 estudiantes, incluyendo 10,000 alumnos en modalidades educativas flexibles y 1,500 con discapacidad. Asimismo, 5,000 familias recibirán material didáctico y 280 docentes serán capacitados para atender con inclusión. La iniciativa también contempla la creación de 10,000 modalidades educativas flexibles, especialmente orientadas a los 4,500 menores retornados al país, y la ampliación de cupos desde parvularia hasta bachillerato.
El proyecto se estructura en cinco componentes estratégicos: expansión de la oferta educativa, fortalecimiento del aprendizaje y calidad educativa, educación inclusiva para estudiantes con discapacidad, atención a estudiantes retornados y fortalecimiento de la capacidad institucional. Entre sus acciones destacan la construcción de infraestructura escolar resiliente al clima, la implementación de transporte escolar piloto, capacitación docente continua y uso de plataformas digitales, así como la provisión de herramientas adaptadas para la educación inclusiva.
Desde el punto de vista económico, este préstamo representa una inversión estratégica con impacto multigeneracional. La ampliación de la cobertura educativa y la mejora de la calidad del aprendizaje no solo contribuyen a la formación de capital humano, sino que también potencian la productividad futura y reducen las brechas socioeconómicas. Además, al integrar medidas de resiliencia climática, el programa mitiga riesgos asociados a emergencias naturales, reduciendo costos potenciales en infraestructura y deserción escolar. La apuesta por la educación inclusiva y la atención a estudiantes retornados también refuerza la cohesión social y el capital humano, factores clave para el desarrollo sostenible del país.
Con esta aprobación, El Salvador fortalece su estrategia de inversión social mediante financiamiento externo, alineando educación, inclusión y sostenibilidad ambiental como pilares para la competitividad y desarrollo económico a mediano y largo plazo.
