QUIMAGRO continúa su lucha por un litigio que inició en 1984 con el Banco de Comercio, ahora Banco Cuscatlán, para lograr el pago de lo que consideran una indemnización por daños y perjuicios.
La comprobación directa del derecho a ese pago viene desde el 15 de abril de 2013, donde la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia definitiva donde “declara terminado el convenio de intervención financiera y administrativa celebrado el 28-08-1984 y condena al banco demandado al pago de una indemnización por daños y perjuicios a QUIMAGRO, S.A. de C.V. y a ejercer su liquidación en juicio ordinario”.
No obstante lo anterior, QUIMAGRO continúa enfrentando maniobras legales de la empresa financiera, teniendo que recurrir a instancias de apelación para pronunciarse sobre la solicitud de recusaciones y otras herramientas legales de dilatación, planteadas por el grupo de abogados defensores del Banco Cuscatlán.
Según documentos legales, el abogado Anaya Barraza, representante de la empresa bancaria, presentó un recurso dilatorio de revocatoria sin tener argumentos legales para atacar la resolución de la actual Sala de lo Constitucional, la cual anuló una anterior resolución plagada de violaciones constitucionales que fue pronunciada por los ex magistrados Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sonia Barilla de Segovia y que, presuntamente, dicha resolución tenía un claro favorecimiento ilegal a los intereses del entonces banco Scotiabank.
“Y reafirma su falsa acusación resaltando con énfasis, al decir de manera constante y permanente. Con ello, pues, da entender que en todo el proceso han existido no solo una, sino que varias actuaciones del magistrado por las que a su juicio no existe confianza ni certeza de una actuación judicial objetiva”, expresa el documento.
Además, pretende apartar del proceso a los magistrados Pineda Navas y Marina Torrento, recusándolos con argumentos “absurdos y ridículos”, haciendo notar con claridad que lo que busca es una Sala parcializada a su favor como la anterior, aseguran los representantes de QUIMAGRO.
En el documento presentado por QUIMAGRO, enfatizan en que, si se hiciera un estudio de los jueces o magistrados que mantienen vínculos contractuales con el Banco Cuscatlán de El Salvador, SA, es muy seguro que habría miles de expedientes judiciales en los que el abogado Enrique Barraza deberá promover la recusación de dichos jueces.
“¿O es que acaso únicamente lo hace como medida dilatoria cuando las resoluciones son en contra de sus intereses? Entonces ya no se trata de lograr la objetividad judicial sino de buscar intereses particulares, y cuando se advierte esta mezquindad, es cuando debe de existir pronunciamientos enérgicos para promover la veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal de las partes procesales”, expusieron.
Paralelo a lo anterior, existen en otros dos procesos: uno en la Superintendencia del Sistema Financiero, en donde José Antonio Vega Castañeda, representante legal de la Sociedad Química Agrícola Internacionales, S.A. de C.V. presentó un recurso de apelación, debido a que el pasado 9 de marzo de 2021 realizó la denuncia ante el entonces superintendente, Gustavo Villatoro, en atención al requerimiento obligatorio de publicar los Estados Financieros Anuales del Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A, y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2020, como la ley manda, publicando en sus informes financieros la verdad del caso de daños y perjuicios; y el segundo, se continúa el juicio ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo, de la demanda de nulidad de fusión entre el banco Scotiabank y Cuscatlán. Cabe recalcar que QUIMAGRO no está de acuerdo con la fusión de dichos bancos, ya que se denuncian irregulares en la Superintendencia de Competencia y en la del Sistema Financiero, que anularían dicha fusión bancaria.
La empresa en comento presume que la institución bancaria realiza “prácticas abusivas y dilatorias” para no pagar la debida indemnización, entre estas, haber adquirido Scotiabank El Salvador, según lo expresan los representantes de la empresa de insumos agrícolas.
