Un reciente estudio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), elaborado con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), alerta sobre el impacto económico creciente del cambio climático en El Salvador. Según el informe, cerca del 70 % de las pérdidas económicas derivadas de eventos extremos como inundaciones, sequías y tormentas se concentra en tres sectores estratégicos: agricultura, vivienda y transporte.
El documento fue presentado en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2024 (COP29), celebrada en noviembre en Azerbaiyán, y subraya la vulnerabilidad del país ante fenómenos que, según los expertos, podrían intensificarse en los próximos años. En términos económicos, esto representa un desafío significativo para la estabilidad y la planificación fiscal, pues los daños recurrentes en infraestructura y producción agrícola implican costos directos para los hogares y el Estado, además de pérdidas indirectas que afectan la productividad y el desarrollo local.

El sector agrícola, altamente sensible a variaciones climáticas, enfrenta riesgos que van desde la pérdida de cultivos hasta la degradación de suelos, lo que impacta directamente en los ingresos de miles de familias rurales y en la seguridad alimentaria nacional. En paralelo, los daños en viviendas obligan a inversiones constantes en reconstrucción y adaptación, mientras que el transporte sufre interrupciones que afectan la logística comercial y el comercio interno.
Expertos en economía ambiental señalan que estos eventos extremos podrían comprometer los avances en desarrollo económico si no se implementan estrategias de adaptación y resiliencia. Esto implica destinar recursos para infraestructura resistente al clima, programas de seguro agrícola y sistemas de alerta temprana que minimicen el impacto económico.

El estudio enfatiza que la integración de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático en la planificación económica del país es crucial. La evidencia presentada en la COP29 busca generar conciencia entre tomadores de decisiones y empresarios sobre la necesidad de proteger sectores estratégicos para garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental de El Salvador en un contexto de creciente vulnerabilidad climática.


