La Corte de Cuentas de la República (CCR) presentó su Informe de Labores 2025 ante la Asamblea Legislativa, destacando un incremento significativo en la fiscalización del uso de recursos públicos y avances en la tecnificación de los procesos de auditoría, en un contexto donde la transparencia y la eficiencia del gasto se vuelven factores clave para el clima de inversión y la confianza económica.
El informe fue presentado por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa Funes, junto a los magistrados del organismo, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y normativas vigentes. Durante la sesión plenaria, se expusieron resultados que reflejan una intensificación en los mecanismos de control y supervisión financiera del Estado salvadoreño.
Más auditorías, más control y señales para la economía
Uno de los principales indicadores del informe es la realización de 656 auditorías, que derivaron en 2,285 hallazgos, evidenciando un mayor alcance en la supervisión de instituciones públicas. A esto se suma la ejecución de un plan masivo de fiscalización que incluyó más de 100 auditorías financieras dirigidas a cuatro empresas públicas y 16 ministerios, con cobertura hasta el año 2024.
Desde una perspectiva económica, este nivel de fiscalización tiene implicaciones directas en la confianza de inversionistas, organismos internacionales y sector privado, ya que fortalece la percepción de control institucional sobre el uso de fondos públicos. La detección de irregularidades y su corrección oportuna reduce riesgos asociados a corrupción, ineficiencia o distorsión en el gasto estatal.
El informe también revela la emisión de 343 sentencias a través de las cámaras de primera instancia, con un monto condenado que supera los $26.2 millones, lo que representa un impacto tangible en la recuperación o sanción de recursos mal administrados. Este dato no es menor: envía una señal clara sobre la capacidad del Estado para aplicar consecuencias en materia de responsabilidad fiscal.
En paralelo, la CCR reportó la evaluación de 344 proyectos de obra pública, un componente crítico considerando la inversión en infraestructura como motor económico. La supervisión técnica de estos proyectos busca asegurar que los fondos asignados generen valor real y no se diluyan en sobrecostos o ejecución deficiente.
Otro elemento relevante es la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno bajo la norma internacional ISO 37001:2016, alineando al país con estándares globales de prevención de corrupción. Esto posiciona a la institucionalidad salvadoreña en una ruta más competitiva frente a mercados internacionales que exigen mayores garantías de integridad.
Asimismo, la creación de la Dirección Anticorrupción y el fortalecimiento de alianzas con entidades como la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Economía y el Instituto de Acceso a la Información Pública, apuntan a una articulación más robusta del ecosistema de control.
La CCR también informó sobre acciones de fiscalización del uso de vehículos y combustible en períodos vacacionales, un aspecto que, aunque operativo, refleja atención al detalle en el uso de recursos públicos.
En términos estratégicos, la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2025–2028 marca la hoja de ruta para consolidar estos avances, con un enfoque en modernización, eficiencia y control concurrente.
En un entorno donde la estabilidad institucional es un activo económico, los resultados presentados por la CCR no solo responden a una obligación legal, sino que también inciden directamente en la narrativa país: un Estado que fiscaliza mejor, reduce riesgos y genera condiciones más sólidas para la inversión y el crecimiento.
