Un nuevo proyecto de ley presentado por congresistas republicanos en Estados Unidos ha encendido las alarmas en países como El Salvador, donde las remesas representan una fuente vital de ingresos para millones de hogares. Bajo el nombre de “Gran y Hermoso Proyecto de Ley”, la propuesta fiscal incluye una medida para gravar con un impuesto del 5 % las remesas enviadas desde territorio estadounidense hacia el extranjero.
El paquete legislativo, que aún debe ser debatido y probablemente modificado antes de llegar al pleno de la Cámara, contempla diversos ajustes fiscales. Sin embargo, el impuesto a las remesas no figura entre los puntos de controversia dentro del Partido Republicano, lo que incrementa la probabilidad de que la medida avance sin cambios sustanciales, según reportaron medios internacionales este jueves.
De acuerdo con el borrador, solo los ciudadanos estadounidenses quedarían exentos del nuevo gravamen. Esto significa que los migrantes salvadoreños con residencia temporal o permanente, TPS, asilo, visas laborales o estatus irregular sí estarían obligados a pagar el impuesto al enviar dinero a sus familias en El Salvador.
Economistas y expertos internacionales han advertido sobre el impacto económico que tendría esta medida para países como El Salvador. En 2024, el país recibió $8,479.7 millones en remesas, y un impuesto del 5 % significaría una reducción de $423.9 millones en esos ingresos, si el costo es absorbido por los receptores.
El economista Rafael Lemus explicó que el efecto inmediato será una decisión individual: o el migrante asume el costo adicional y mantiene el monto enviado, o descuenta el impuesto del envío, lo cual afectaría directamente el ingreso familiar en El Salvador.
Aunque esta no es la primera vez que surge una propuesta similar en 2023 se discutió una tasa del 10 % a remesas, esta nueva iniciativa adquiere mayor fuerza política. A nivel local, el vicepresidente Félix Ulloa reconoció en marzo de 2024 haber dialogado con organismos multilaterales sobre mecanismos para “tomar” parte de las remesas, aunque luego aclaró que se trataba de “inversiones voluntarias”.
Hasta el momento, el gobierno salvadoreño no ha emitido una postura oficial, pero la diputada Marcela Villatoro (ARENA) advirtió que el Ejecutivo debe prepararse y responder si la ley estadounidense se aprueba. “No pueden quedarse callados si esto se concreta”, subrayó.
Este nuevo panorama plantea interrogantes no solo fiscales, sino también sociales, en un país donde una de cada cinco familias depende de las remesas para sobrevivir.
